
La administración de Donald Trump pondrá en marcha este viernes un nuevo esquema de aranceles para las importaciones provenientes de 60 países. La medida contempla gravámenes que irán del 10% al 12,5% y forma parte de una política comercial impulsada por Washington para sancionar a economías que, según sostiene, no tomaron medidas suficientes contra el trabajo forzoso.
La decisión fue confirmada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que dio por concluidas las investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Este mecanismo permite al gobierno estadounidense responder a prácticas comerciales que considera desleales o distorsivas.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, explicó que el objetivo de la medida es “corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora”.

El nuevo esquema comenzará a regir tras el vencimiento del arancel global temporal del 10%, que había sido establecido por un período máximo de 150 días luego de que la Corte Suprema estadounidense dejara sin efecto el régimen anterior de tarifas globales impulsado por Trump.
En el caso de Argentina, los productos exportados hacia Estados Unidos mantendrán una tasa general del 10%. Sin embargo, la resolución contempla posibles exenciones para determinados sectores, aunque todavía no fueron especificados oficialmente.
Según la oficina comercial estadounidense, esas excepciones podrían otorgarse a países que “cumplan con los compromisos relativos a las prohibiciones de importación de trabajo forzoso o promulguen y hagan cumplir de manera efectiva una prohibición de importación de trabajo forzoso”.
Además de Argentina, el arancel del 10% alcanzará a países como Canadá, México, India, Indonesia, Malasia y Reino Unido, mientras que productos provenientes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza pagarán entre 10% y 12,5%. La normativa también excluye de los gravámenes determinadas materias primas y manufacturas consideradas esenciales para evitar problemas de abastecimiento o impactos negativos sobre la economía estadounidense.
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