La Ley 7/2023 convirtió la gestión de los gatos comunitarios en una responsabilidad pública. El pasado 6 de septiembre, una manifestación bajo el lema “Los gatos tienen ley” reclamó que esa obligación se traduzca en presupuesto, planificación y gestión municipal. Pero la cuestión clave mantiene su vigencia justo después de la pancarta: ¿estamos preparadas, administraciones y gestoras, para cambiar la forma de gestionar las colonias sin confundir colaboración ciudadana con sustitución de la responsabilidad pública?
Exigir la aplicación de la norma no significa solo lograr fondos institucionales, sino construir un nuevo modelo. Durante décadas, muchas aprendimos a trabajar solas desde el voluntariado: comprando comida, buscando veterinarias solidarias, capturando, esterilizando y mediando con vecinos.
Aquello que hoy llamamos gestión municipal nació cerca de nuestras casas. Sin embargo, asumir que esto es una política pública exige un cambio incómodo: no solo deben cambiar los ayuntamientos, también nosotras. Necesitamos estar preparadas para aportar censos fiables, registrar actuaciones, trabajar con protocolos y medir resultados. La administración debe asumir su cometido y las gestoras integrar nuestro conocimiento en el sistema; una función no sustituye a la otra.
La propia Directriz Técnica de la Dirección General de Derechos de los Animales considera imprescindible la colaboración de las personas cuidadoras, pero establece que debe formalizarse dentro del programa municipal mediante formación, acreditación, derechos y obligaciones. La persona cuidadora no desaparece con la profesionalización: se integra en el sistema.
Este matiz resulta crucial ante el riesgo de la externalización. La directriz permite contratar determinados servicios cuando el municipio carece de medios propios, aunque recomienda reservarla para aquello que no puedan abordar las cuidadoras. Si quienes conocemos las colonias no nos organizamos de forma profesional, ese espacio lo ocuparán empresas procedentes del control de plagas o de la gestión cinegética, cuya metodología no siempre contempla el bienestar animal.
Un gato comunitario no es una plaga ni un problema a eliminar; la Ley 7/2023 lo protege y fija como meta controlar su población mediante identificación y esterilización. Defender a los animales hoy exige sentarse con el ayuntamiento con datos, censos y un plan a doce meses.
Si la administración responde, se avanza; si no lo hace y la información entregada no se transforma en actuaciones concretas, la colaboración se convierte en una transferencia silenciosa de la responsabilidad. En ese punto, la reivindicación debe pasar de la petición de diálogo a la exigencia formal mediante instancias, solicitudes de información pública y vías jurídicas.
La Directriz de 2024 reconoce que este modelo es nuevo para los municipios y que cada uno debe adaptar sus recursos. Nosotras también estamos en proceso de aprendizaje.
La movilización del pasado 6 de septiembre sirvió para recordar que las colonias ya no pueden quedar en un limbo, pero el verdadero cambio de paradigma debe materializarse desde ahora: cuando demostremos que existe una alternativa profesional, transparente y medible, capaz de trabajar con datos y presupuestos sin perder la empatía hacia los animales. Colaborar significa construir soluciones juntas, no cargar con el incumplimiento institucional.
Montse Casaoliva
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