Mientras avanzan sin pausa las causas judiciales que investigan su crecimiento patrimonial, sus viajes, y su vinculación con el periodista Marcelo Grandío, financista del vuelo privado a Punta del Este durante los feriados del Carnaval, Manuel Adorni podría acogerse al régimen de Inocencia Fiscal, según deslizan en un sector del Ejecutivo. Pero en el entorno del funcionario minimizan esa versión al asegurar que contaría con la documentación respaldatoria sobre sus gastos.
Se trata de la nueva ley sancionada en febrero por el Congreso, que al decir del Ejecutivo “devuelve la libertad a los argentinos”, y en concreto deja de habilitar al ARCA a ejecutar “un régimen persecutorio” al elevar el umbral de evasión simple a 100 millones de pesos -y el de agravada a 1.000 millones de pesos-, con el fin de incentivar la registración de los dólares del colchón de miles de ahorristas. Y tiene un costado polémico: no prohíbe a los funcionarios acogerse al beneficio pese a ser sujetos políticamente expuestos, un agravante que el oficialismo logró evadir en la discusión en comisión de la normativa.
Pero cerca del jefe de Gabinete minimizaron las chances de que pueda intentar beneficiarse con la “Inocencia fiscal” para justificar los ingresos con los que, por ejemplo, pagó sus viajes a Aruba y solventó la costosa remodelación en la casa del country Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, que el contratista Matías Tabar calculó en 245 mil dólares. Al respecto, en el entorno del ministro coordinador consideraron que no sería necesario incluirlo en ese régimen dado que contaría “con toda la documentación respaldatoria” sobre sus gastos.
Pero en un sector del gobierno, con todo, insistieron en esa posibilidad que, de todos modos, generaría cierta polémica por ser Adorni un sujeto políticamente expuesto. Por su condición de funcionario, el también vocero debe presentar declaración jurada ante la OA y también tuvo que cumplimentar ese trámite ante un organismo porteño luego de haber sido electo diputado porteño, en 2025. Entre otros requerimientos, debería hacer constar sus ingresos durante sus primeros dos años como funcionario.
Pese a que una fuente sindical del organismo recaudador deslizó que Adorni no podría beneficiarse con ese régimen , otras fuentes consultadas consideran que está eximido de las limitaciones y sí podría incorporarse al mismo. “Podría pedir un tapón fiscal pero el problema que tiene es que debería presentar una DDJJ inmaculada, con todo bancarizado y no tener gastos que superen el 15% de sus ingresos”, deslizó un tributarista consultado.
“Todas las inconsistencias parecen datar de 2025, cuando compró la casa y le pidió el préstamo a las jubiladas y todo lo demás. Y está inmerso en el período en el que el fisco va a poder analizar”, agregó. Es que si bien el jefe de gabinete estaría autorizado a ingresar a este sistema, las “inconsistencias” que han trascendido en sede judicial podrían complicar el intento por acogerse a un régimen fiscal simplicado.
Según la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita, en poco más de un año, el jefe de gabinete movilizó 104.640 dólares. Hasta el momento, según indicaron fuentes judiciales “no hay respaldo documental de esos movimientos en efectivo”. La pregunta que subyace es “¿de dónde obtuvo Adorni los dólares que utilizó para pagar gastos en efectivo?”. Es justamente, lo que busca responder la fiscalía a través de una serie de medidas de prueba.
Según la DDJJ 2024 de Adorni, la última disponible en la OA, éste declaró la tenencia de 42.500 dólares. A eso se debe sumar una caja de ahorro en Estados Unidos con 6.220,23 dólares. También consignó ante el organismo la hipoteca privada con Graciela Molina y Victoria Cancio (madre e hija) que le prestaron en efectivo 100.000 dólares en noviembre de 2025 para comprar la casa del barrio privado de Indio Cuá. A ese dinero el matrimonio Adorni-Angeletti sumó 20 mil dólares para concretar la operación que certificó la escribana Adriana Nechevenko.
Las deudas son otro punto de estudio: en noviembre debe devolver a Molina y Cancio 70.000 dólares (con el interés del 11%), a las jubiladas que garantizaron la hipoteca privada para comprar el departamento de Miró 500 debe pagarles 200.000 dólares y, ahora, en función de la declaración testimonial de Pablo Feijoo (quien le vendió este último inmueble), el jefe de Gabinete le adeuda 65.000 dólares en efectivo por refacciones en la vivienda de Caballito. Todo suma 335.000 dólares, sólo en deudas.
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