El senador nacional Luis Juez presentó una denuncia penal contra el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, por presunta defraudación a la administración pública municipal en el marco del alquiler de colectivos para el transporte urbano.
La acusación también alcanza a directivos de Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (TAMSE) y apunta a un contrato firmado en marzo de 2024 con la empresa ERSA Urbano S.A.. Según la presentación, el municipio habría pagado un sobreprecio que asciende a más de $7.000 millones en un año.
El contrato bajo la lupa
De acuerdo a la denuncia, TAMSE alquiló 350 colectivos por un monto mensual de $720 millones más IVA, lo que equivale a $871,2 millones. Esto implica un costo de aproximadamente $2,48 millones por unidad.
Sin embargo, el escrito sostiene que el valor de mercado rondaba los $800.000 por colectivo, lo que representaría un incremento del 311%. La diferencia mensual estimada supera los $590 millones y, proyectada a lo largo del contrato, alcanza los $7.094 millones.
Colectivos fuera de servicio
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es que, de las 350 unidades contratadas, solo 200 habrían funcionado de manera irregular entre abril y diciembre de 2024.
Las otras 150, según el planteo judicial, eran unidades obsoletas que no estaban en condiciones de circular. Esta situación agrava la acusación, ya que el municipio habría pagado por vehículos que nunca prestaron servicio efectivo.
Intervención judicial y próximos pasos
La causa fue presentada ante la Justicia cordobesa, donde un fiscal de instrucción deberá analizar la denuncia y definir si corresponde avanzar con la investigación penal.
Además del intendente, fueron señalados el presidente de TAMSE, Eduardo Ramírez Rujinsky, y el director Julio César Secondi, entre otros posibles responsables que surjan durante la investigación.
Desde el espacio político de Juez adelantaron que sus concejales buscarán constituirse como querellantes particulares si la causa avanza.
Un conflicto que impacta en el transporte
El caso suma tensión a la situación del transporte urbano en Córdoba, un servicio que viene siendo objeto de críticas por su funcionamiento y costos.
Ahora, será la Justicia la que deberá determinar si existieron irregularidades en la contratación y si hubo perjuicio económico para el municipio en una de las áreas más sensibles de la gestión pública.
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