Inteligencia artificial y Justicia – Revista Quórum

Alan Bergdolt*

Durante mucho tiempo, la imagen de la Justicia estuvo asociada a expedientes voluminosos, escritos repetitivos, búsquedas interminables de jurisprudencia y decisiones que demandaban meses, o incluso años, de trabajo. Hoy, la inteligencia artificial aparece con la promesa de ordenar grandes cantidades de información en segundos, detectar relaciones difíciles de distinguir o procesar en una lectura convencional y automatizar tareas simples que consumen buena parte del tiempo de los tribunales.

El fenómeno ya no pertenece a la ciencia ficción y comenzó a incorporarse de manera paulatina en los poderes judiciales argentinos como herramienta de apoyo para agilizar gestiones, ordenar bases de datos y facilitar la búsqueda de jurisprudencia.

En ese sentido, ya existen algunas experiencias piloto en distintos ámbitos, entre ellos el fuero contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y diversas cortes provinciales, junto con protocolos, programas y guías que buscan establecer criterios prudentes para su utilización.

También se han intensificado las capacitaciones dirigidas a jueces fiscales y funcionarios, orientadas a comprender su funcionamiento, sus posibilidades y, especialmente, sus riesgos.

La discusión, por lo tanto, ha dejado de ser si la inteligencia artificial ingresará a los tribunales; la verdadera pregunta es, en cambio, cómo lo hará y bajo qué reglas.

En nuestro país, David Mielnik fue una de las primeras personas en trasladar esta discusión al terreno concreto de la Justicia penal. A partir del análisis de más de cuarenta mil decisiones de la Cámara Federal de Casación Penal, desarrolló un modelo capaz de identificar patrones y anticipar, con un grado significativo de precisión, el sentido de determinadas resoluciones.

Su planteo, sin embargo, no consiste en reemplazar jueces por algoritmos. La idea es utilizar la tecnología para comprender mejor el funcionamiento del sistema, detectar regularidades, ordenar antecedentes y amplificar las capacidades -y el tiempo- de quienes deben adoptar decisiones jurídicas.

Esa diferencia, entiendo, es esencial; una herramienta puede localizar precedentes relevantes o resumir en minutos miles de páginas. Pero, va de suyo, bajo ningún aspecto puede asumir la responsabilidad constitucional de decidir.

En este sentido, las experiencias institucionales más serias parten precisamente de esa premisa: la inteligencia artificial puede asistir, organizar, comparar, sugerir o advertir, pero el control, la valoración jurídica y la decisión deben permanecer necesariamente bajo control humano.

Ricardo Lorenzetti también ha incorporado esta cuestión a su reflexión pública. Tanto en sus intervenciones académicas -como en su conocido podcast- ha abordado el impacto de la inteligencia artificial sobre los derechos, la privacidad, la responsabilidad y las instituciones.

Su planteo permite advertir que la cuestión excede largamente el funcionamiento de un programa informático: se trata de determinar qué reglas van a gobernar una sociedad en la que cada vez más cuestiones se encuentran mediadas por algoritmos y qué protección conserva la persona frente a ellos.

En esa misma línea, referentes de la Justicia Federal como Ariel Lijo han participado recientemente de encuentros institucionales destinados específicamente a discutir el uso responsable de estas tecnologías en el Poder Judicial. De hecho el mes pasado, en los tribunales de Comodoro Py, magistrados argentinos, representantes de la Unión Europea y especialistas de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia coincidieron en un punto que parece especialmente relevante: la pregunta ya no pasa por aceptar o rechazar la inteligencia artificial, sino por encontrar una forma de incorporarla que fortalezca la transparencia, la eficacia, la seguridad jurídica y el respeto de los derechos fundamentales.

Es, probablemente, allí donde debe ubicarse el verdadero desafío. La IA no debería ser concebida como un sustituto del operador judicial, sino como una herramienta adicional a su disposición. Un instrumento poderoso, claro está, pero sometido siempre a la verificación personal del funcionario, del fiscal o del juez que lo utiliza.

En el ámbito penal, las posibilidades son particularmente relevantes si se atiende a que las organizaciones criminales utilizan comunicaciones encriptadas, estructuras económicas complejas, identidades ficticias, sociedades interpuestas, rutas transnacionales y enormes volúmenes de información digital.

Frente a esa realidad, la inteligencia artificial puede colaborar en el análisis de comunicaciones, movimientos financieros, impactos de antenas, registros migratorios, documentación aduanera, imágenes, patrones de desplazamiento y vínculos entre personas que, examinados separadamente, parecerían inconexos.

En investigaciones de criminalidad organizada, esa capacidad puede significar una diferencia sustancial. No porque una máquina vaya a descubrir por sí sola una organización criminal, sino porque puede ayudar al investigador a encontrar más rápidamente aquello que merece ser observado.

Puede relacionar y procesar con mayor velocidad fechas, personas, teléfonos, vehículos, domicilios y transferencias que manualmente demandarían semanas de análisis. Puede señalar coincidencias. Puede ordenar información. Puede ayudar a construir una hipótesis. Pero corresponde siempre al investigador evaluar si esa hipótesis tiene sustento y al juez controlar que las medidas adoptadas respeten la legalidad y los derechos fundamentales.

Bien utilizada, también puede permitir que jueces y funcionarios dejen de invertir jornadas enteras en tareas mecánicas y concentren sus esfuerzos en aquello que verdaderamente requiere criterio profesional: valorar prueba, formular hipótesis, diseñar medidas, escuchar activamente a las partes y adoptar mejores decisiones.

En ese aspecto, la inteligencia artificial puede contribuir directamente a uno de los grandes problemas históricos de nuestros sistemas judiciales: el tiempo. Y ese tiempo puede utilizarse para aquello que ninguna herramienta tecnológica debería reemplazar: pensar el caso.

Ahora bien, sería por demás ingenuo pensar que toda aplicación o herramienta tecnológica representa, en sí misma, un progreso. Los sistemas de inteligencia artificial pueden reproducir sesgos presentes en los datos con los que fueron entrenados, inventar -como hemos visto en múltiples ocasiones- antecedentes o presentar información falsa con extraordinaria apariencia de certeza. Y lo cierto es que en un proceso judicial, esos defectos no constituyen simples errores sino que pueden afectar derechos fundamentales como la libertad, el patrimonio, la intimidad y la dignidad de una persona.

Por esa razón, la incorporación de estas herramientas exige parámetros claros y protocolos institucionales. Deben existir estándares sobre protección de datos, seguridad informática, trazabilidad, transparencia, auditoría, identificación de sesgos y determinación de responsabilidades. El operador judicial tiene que conocer qué herramienta está utilizando, qué información introduce en ella y cuáles son sus limitaciones. Y, fundamentalmente, debe verificar el resultado antes de incorporarlo a cualquier decisión.

Esta preocupación coincide con el enfoque que viene promoviendo la Unión Europea. Eran Nagan, embajador adjunto de la Unión Europea en Argentina, ha destacado que el desarrollo y la gobernanza de las tecnologías deben estar centrados en las personas y guiados por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

No se trata, entonces, de impedir que la inteligencia artificial facilite procedimientos burocráticos o mejore el funcionamiento del Estado. Todo lo contrario: debe aprovecharse esa capacidad. Pero el diseño institucional debe asegurar que sean las personas quienes continúen a cargo de las decisiones.

También en el reciente intercambio entre autoridades argentinas y europeas se hizo especial referencia a la necesidad de comprender cómo funcionan estos modelos, conocer sus límites, evaluar sus riesgos y establecer criterios comunes de supervisión humana. La fórmula parece razonable: automatizar cuanto pueda ser automatizado sin deshumanizar aquello que, por su naturaleza, requiere una decisión personal y responsable.

La inteligencia artificial vino para quedarse. Negarla sería tan improductivo como confiar ciegamente en ella. El desafío consiste en incorporarla con “inteligencia institucional”, esto es utilizarla para acelerar procesos, mejorar investigaciones, aumentar la transparencia, favorecer el acceso a la justicia y enfrentar fenómenos criminales cada vez más sofisticados, sin delegar en una máquina la función de juzgar.

En definitiva, la mejor inteligencia artificial aplicada a la Justicia no será aquella que pretenda sustituir al operador judicial, sino aquella que le permita trabajar mejor. Porque en la Justicia la celeridad debe ser ponderada, pero nunca por encima de las garantías. La tecnología puede ayudarnos a administrar mejor los expedientes; lo que no debemos olvidar es que detrás de cada uno de ellos siempre habrá personas.

* Secretario del Juzgado Federal de Concordia.