El Gobierno Nacional disolvió el INAL y redistribuyó sus funciones. El SENASA concentrará el registro, control y fiscalización de alimentos, mientras que el Ministerio de Salud asumirá la definición de las políticas alimentarias. La reforma también apunta a reducir la burocracia, agilizar el comercio y modernizar el Código Alimentario Argentino.
El Gobierno Nacional avanzó en una profunda reorganización del sistema de control alimentario argentino a través del Decreto N° 697/2026, que establece la disolución del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y redistribuye sus funciones entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Ministerio de Salud de la Nación.
El nuevo esquema divide las responsabilidades según la especialidad de cada organismo. El SENASA absorberá las tareas vinculadas con el registro, control y fiscalización de alimentos, mientras que el Ministerio de Salud concentrará la definición de las políticas alimentarias y sanitarias.
Según la fundamentación oficial, la medida busca eliminar superposiciones, simplificar trámites y consolidar un sistema de control más eficiente y previsible, sin afectar la protección de la salud pública.
El SENASA concentra el control operativo
Con la nueva estructura, el SENASA asumirá las funciones de registro, control y fiscalización de alimentos que ejercía el INAL, incluyendo la centralización del control de las importaciones de productos alimenticios.
La elección del organismo responde, de acuerdo con el Gobierno, a su capacidad operativa instalada. El SENASA cuenta con una amplia estructura territorial, laboratorios, inspectores y presencia en todo el país, con experiencia tanto en la producción primaria como en los procesos industriales.
La reorganización, según se explicó oficialmente, responde a una cuestión de capacidad operativa y no de jerarquía institucional. El objetivo es separar las tareas de control de la definición de las políticas sanitarias: mientras el SENASA fiscalizará el cumplimiento de las normas vigentes, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura participarán en la definición de los criterios que integran el Código Alimentario Argentino.
El organismo sanitario nacional también autorizará y supervisará a los establecimientos oficiales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encargados de verificar el cumplimiento de la normativa alimentaria. Las habilitaciones estarán a cargo del SENASA o de las autoridades provinciales, según corresponda.
Menos trámites y una base única de datos
Uno de los principales ejes de la reforma es la simplificación regulatoria. El nuevo sistema busca eliminar evaluaciones, registros y controles duplicados para productos y establecimientos que anteriormente eran analizados por el INAL y el SENASA.
Además, se reconocerán por equivalencia las certificaciones de aditivos, coadyuvantes tecnológicos e ingredientes emitidas por países con sistemas de control reconocidos o que apliquen el Codex Alimentarius. La medida pretende evitar trámites y evaluaciones que se consideren innecesarios.
El SENASA también tendrá a su cargo una Base Única de Datos que centralizará la información y los registros de productos y establecimientos. La intención es contar con un sistema unificado que agilice la gestión y fortalezca la trazabilidad.
Otro de los cambios establece un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el Código Alimentario Argentino, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad y transparencia al proceso de modificación de la normativa.
Cambios para el comercio exterior
La reforma también contempla medidas para facilitar el comercio de alimentos. En el caso de los productos envasados destinados a la venta directa, se agilizarán las importaciones mediante controles posteriores al ingreso al país, buscando evitar demoras innecesarias en su comercialización.
Para las exportaciones, los productos deberán cumplir con los requisitos establecidos por el país de destino y las certificaciones serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional.
A su vez, el SENASA impulsará convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar hacia una mayor armonización de registros, requisitos, aranceles y sanciones.
También se establecerá un registro único de establecimientos, con una identificación clara para aquellos que comercialicen sus productos en el mercado nacional.
El Ministerio de Salud redefine su rol
Con la disolución del INAL, el Ministerio de Salud de la Nación incorporará a su estructura central las funciones vinculadas con la definición de política alimentaria.
La nueva agenda estará enfocada en la evidencia científica sobre la composición de los alimentos y tendrá como una de sus primeras prioridades avanzar en la eliminación de colorantes y saborizantes de los alimentos procesados, en línea con estándares internacionales de alimentación saludable.
Así, el nuevo esquema busca establecer una división más clara de responsabilidades. El SENASA tendrá a su cargo el control operativo y la fiscalización de los alimentos, mientras que el Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura participarán en la definición de las políticas y normas que regirán el sistema alimentario nacional.
Con la disolución del INAL y la redistribución de sus competencias, el Gobierno apunta a centralizar funciones, reducir la burocracia y agilizar los procesos de registro y control. El desafío será que esta nueva arquitectura institucional permita simplificar los trámites y facilitar el comercio sin debilitar los controles destinados a garantizar la inocuidad y seguridad de los alimentos.
