La ciudad de La Calera enfrenta una fuerte restricción en el suministro de agua potable en medio de un prolongado conflicto entre la Municipalidad y Colón Punilla Agua y Saneamiento S.A., empresa encargada de proveer el recurso en bloque.
El intendente Fernando Rambaldi responsabilizó este jueves al Gobierno de Córdoba por la apremiante situación y reclamó una intervención urgente para normalizar el servicio.
Según denunció el Ejecutivo local, la compañía redujo la entrega al 20% del volumen habitual, lo que representa una brutal restricción del 80%.
Deudas cruzadas y conflicto en el ERSeP
El conflicto se arrastra desde hace varios meses y se encuentra actualmente bajo el análisis del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP).
La empresa reclama al municipio una deuda superior a los $1.200 millones por la provisión de agua, mientras que las autoridades locales sostienen que la firma mantiene obligaciones tributarias por una cifra prácticamente equivalente.
En este contexto, Agustín Nicolás Anglada Allende, asesor letrado de la Municipalidad de La Calera, explicó en diálogo con Cadena 3 que la controversia económica y jurídica terminó afectando directamente a los habitantes de la localidad.
“El pueblo de La Calera se encuentra con una restricción del servicio de agua del 80% por una discusión jurídica que se está tramitando de urgencia”, señaló.
El funcionario indicó que la compañía asegura que el municipio mantiene impagas las prestaciones recibidas, pero remarcó el reclamo por las tasas municipales.
“Ellos alegan que nosotros debemos la prestación del agua y nosotros hemos manifestado que deben tasas municipales por una suma prácticamente equivalente a la que reclaman”, precisó el asesor.
Irregularidades administrativas y el reclamo de La Calera a la Provincia
Anglada Allende también cuestionó duramente la situación administrativa de la firma proveedora. Según afirmó, la empresa posee un permiso precario otorgado por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) para vender agua en bloque, pero dicha autorización estaría vencida.
Además, sostuvo que Colón Punilla no se habría dado de alta ante el municipio como prestadora de servicios, pese a que la planta potabilizadora se encuentra dentro del ejido de La Calera.
“No están habilitados en la Municipalidad como cualquier comercio de barrio. Por eso debimos iniciar un proceso de determinación de oficio de esa deuda”, detalló.
Finalmente, el asesor letrado calificó como “ilegal” la reducción del suministro y afirmó que la empresa tomó una decisión unilateral, sin cumplir un procedimiento previo ni establecer un plazo para la normalización.
“Es una cuestión muy grave dejar a una ciudad de 60.000 habitantes sin agua“, advirtió, mientras la Municipalidad aguarda una respuesta oficial de la Provincia.
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