La Legislatura de Neuquén comenzó a debatir un proyecto que busca poner límites claros al uso de inteligencia artificial en campañas políticas, una discusión que aparece cada vez con más fuerza frente al avance de herramientas capaces de crear imágenes, voces, videos y mensajes difíciles de distinguir de contenidos reales.
La iniciativa fue presentada por el diputado Gerardo Gutiérrez, del MPN, y empezó a ser analizada en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. El objetivo central es establecer reglas para que la tecnología no sea utilizada como una herramienta de manipulación electoral ni para afectar la percepción de los ciudadanos sobre candidatos, partidos o propuestas.
El debate llega en un contexto donde los contenidos digitales circulan a gran velocidad y donde una imagen falsa, un audio manipulado o un video adulterado pueden instalar una mentira antes de que exista tiempo material para desmentirla. Por eso, el proyecto apunta a ordenar el uso de IA y sistemas automatizados durante los procesos electorales.
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La propuesta plantea que los partidos políticos informen a la Justicia Electoral qué herramientas de inteligencia artificial utilizarán en sus campañas. También establece que los contenidos generados mediante esta tecnología estén identificados de manera visible, para que los votantes sepan cuándo están frente a una pieza creada o modificada artificialmente.
Transparencia para proteger al votante
El eje del proyecto no es prohibir la tecnología, sino evitar que se use para engañar. La inteligencia artificial puede servir para diseñar piezas, ordenar información o mejorar la comunicación política, pero el problema aparece cuando se la utiliza para fabricar hechos, simular declaraciones o instalar operaciones con apariencia de verdad.
En ese punto, Gutiérrez puso como ejemplo los deepfakes, contenidos manipulados mediante inteligencia artificial que pueden alterar rostros, voces o situaciones. Su principal riesgo es la velocidad con la que se viralizan: cuando una pieza falsa se difunde masivamente, el daño puede ser prácticamente imposible de revertir.
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La preocupación es concreta. En una campaña electoral, una mentira instalada en redes sociales puede influir en el debate público, afectar la imagen de un candidato o condicionar la decisión de los votantes. Aun cuando luego se demuestre que el contenido era falso, la rectificación suele llegar tarde y con menor alcance que la desinformación original.
Por eso, la iniciativa propone crear un mecanismo que permita al Poder Ejecutivo provincial dialogar con la Justicia Electoral y con las plataformas digitales. La idea es establecer pautas de acción frente al uso indebido de herramientas automatizadas, especialmente cuando se trate de contenidos falsos o destinados a desacreditar personas.
La diputada Verónica Lichter, del PRO-NCN, acompañó la preocupación, aunque advirtió sobre la dificultad de regular una tecnología que cambia de manera permanente. También planteó la posibilidad de que los partidos políticos asuman compromisos concretos para garantizar campañas más transparentes.
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Ese punto abre otra dimensión del debate: además de la ley, será necesario construir responsabilidad política. Porque ninguna regulación alcanza si los propios espacios electorales no se comprometen a evitar campañas sucias, cuentas anónimas, contenidos falsificados o ataques encubiertos.
El desafío de regular sin afectar la libertad de expresión
Durante el tratamiento en comisión, el diputado Claudio Domínguez, del MPN, remarcó que cualquier regulación deberá compatibilizarse con la libertad de expresión. Ese será uno de los puntos más delicados de la discusión legislativa.
La dificultad está en encontrar un equilibrio: poner límites a la mentira fabricada con tecnología sin restringir la crítica política, la sátira, la opinión o el debate público. Por eso, Domínguez propuso concentrar las restricciones en prácticas destinadas a generar información falsa o desacreditar personas mediante manipulación digital.
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También planteó que, si se modifica la legislación electoral, la autoridad de aplicación debería ser la Justicia Electoral. De esa manera, el control quedaría dentro del ámbito específico que regula los procesos políticos y electorales.
Otro punto incorporado al debate fue el uso de cuentas falsas o perfiles no identificados. Domínguez advirtió que buena parte de los contenidos engañosos no circulan desde cuentas oficiales de partidos o candidatos, sino desde usuarios anónimos, perfiles armados para operar o redes digitales que buscan instalar desinformación.
Por eso, propuso ampliar el alcance del proyecto para contemplar también esas herramientas, incluso fuera de los períodos electorales. La discusión no se limita a lo que ocurre durante una campaña formal: la construcción de climas de opinión, ataques o noticias falsas puede comenzar mucho antes.
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La iniciativa neuquina busca anticiparse a un problema que ya forma parte de la política moderna. La inteligencia artificial no solo modificó la forma de producir contenidos, sino también la velocidad con la que una falsedad puede volverse masiva.
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fuente: inteligencia artificial: Neuquén busca evitar contenidos falsos”> GOOGLE NEWS
