Una comunidad costera del Golfo de Fonseca está desapareciendo ante el avance del mar. Cedeño, en el Pacífico hondureño, perdió 135 metros de línea costera entre 2004 y 2026, un retroceso de más de seis metros por año que destruyó viviendas, negocios y medios de vida, mientras el Estado hondureño tardó más de dos décadas en articular una respuesta institucional. Así lo documenta el informe Cedeño: “Perderlo todo, casa e hijos”, publicado por Amnistía Internacional.
El retroceso costero no es un fenómeno abstracto: arrasa con las casas de las familias que las reconstruyeron más de una vez, salinizó las fuentes de agua dulce y redujo las capturas de los pescadores artesanales que dependen del mar para comer.
“Cedeño está erosionado, le podría decir que las marejadas se han tragado a Cedeño, en nueve barrios estamos luchando por una reubicación digna y justa para nuestra comunidad, nuestros hijos y nuestros nietos”, contó a EFE Sandra Reyes, oriunda de Cedeño, quien debido a los graves daños causados por el mar ha perdido tres casas.
“Cedeño era algo tan lindo que nadie quería salir de ahí, pero la erosión costera, el avance del mar, el cambio climático y todo eso ha venido despojándonos, desplazándonos, en una lucha continua. Estamos desgastados, por eso estamos demandando ayuda al Estado y nos organizamos para hacer sentir nuestras necesidades y que se nos reivindique nuestro derecho”, subrayó Reyes
Todo esto en un país cuyas emisiones de gases de efecto invernadero son mínimas a escala global, pero que figura entre los más golpeados por el cambio climático a nivel mundial.
“La desgarradora situación que enfrentan hoy las personas de Cedeño es el resultado de años de inacción climática, tanto del Estado hondureño como de la comunidad internacional. Hoy en día están amenazados sus derechos al agua, a la alimentación y a la vivienda, lo que también compromete su derecho a una vida digna”, sostuvo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado.
Agua contaminada, pesca en caída y deudas para reconstruir
El acceso al agua potable es crítico. La red de distribución quedó dañada por las sucesivas marejadas y la mayoría de las familias entrevistadas por Amnistía Internacional se abastece de pozos propios, cuya agua no es apta para el consumo por contaminación y salinización. El gasto en agua potable comprada se suma a una economía doméstica ya castigada.
La pesca artesanal, principal fuente de ingresos en la zona, enfrenta un doble golpe. Las marejadas impiden la salida de lanchas y embarcaciones durante días, y las capturas disminuyeron por la degradación de los ecosistemas, incluida la tala del manglar. No existen alternativas sostenibles de ingreso que reemplacen lo que el mar ya no puede dar.
“Desde que me casé con mi esposa hice mi primera casa en un terrenito que el mar me lo llevó, tenía yo 20 años. Aquí había una carretera, la cual el mar ya se la comió”, relató a EFE en Cedeño José Luis Medrano (62), un pescador artesanal mientras mostraba los daños que ha sufrido una deteriorada vivienda.
En Cedeño Centro, las marejadas también destruyeron restaurantes de playa, negocios y viviendas. El informe no precisa una cifra exacta de casas perdidas, pero los testimonios recogidos coinciden en que varias familias reconstruyeron sus hogares más de una vez. Esa reconstrucción sale del bolsillo de las propias familias, lo que genera endeudamiento en hogares que ya cargan con gastos extraordinarios.
Sonia, una de las habitantes identificada con nombre ficticio en el informe, describió las consecuencias que la destrucción de su casa tuvo sobre su familia: “Tenía dos hijas en Estados Unidos, sin papeles, ellas me mandan para sobrevivir. Vivíamos felices antes de la pérdida de mi casa y mi negocio por la marejada. Si eso no hubiera pasado, no se hubieran ido”.
Esfuerzos comunitarios y demandas al Estado ante la erosión costera
Amnistía Internacional señaló que más allá de la asistencia puntual que brindan COPECO —la Comisión Permanente de Contingencias— y otras instituciones ante emergencias, Honduras carece de un mecanismo legal para atender reubicaciones permanentes por causas climáticas. La legislación vigente sobre desplazamiento interno y el Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado (SINARDEFI) solo contemplan a personas desplazadas por violencia.
Desde mayo de 2025, integrantes de la mesa de justicia climática de Cedeño gestionan ante el municipio de Marcovia y diversas secretarías del gobierno la creación de una mesa interinstitucional. Su estimación es concreta: 990 personas necesitan ser reubicadas ante el riesgo que representa el avance del mar sobre sus viviendas.
El 3 de junio de 2026, el gobierno de Honduras anunció la creación de una mesa técnica interinstitucional coordinada por COPECO para atender la situación de estas comunidades. Amnistía Internacional celebró el anuncio, pero condicionó su valoración a que derive en un plan de reubicación con estándares internacionales de derechos humanos, recursos suficientes y participación efectiva de la comunidad en todo el proceso.
La organización además urgió al Congreso a crear un marco normativo específico para personas desplazadas por el cambio climático y los desastres, en línea con las obligaciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 32/25.
La crisis climática como catalizador de migración irregular
El informe de Amnistía Internacional vincula directamente la destrucción en Cedeño con el desplazamiento hacia Estados Unidos y México. Los testimonios muestran que la falta de garantías y la pérdida de medios de vida empuja especialmente a adultos jóvenes hacia la migración, con frecuencia por vías irregulares, ante la ausencia de canales legales accesibles desde Honduras.
Muchos de quienes emigraron se encuentran en Estados Unidos sin estatus migratorio regular y con temor a la deportación. Amnistía Internacional señaló que tanto Estados Unidos como México tienen la obligación de no devolver a sus países de origen a personas que temen sufrir violaciones de derechos en el contexto de la emergencia climática, pero que en la práctica aplican políticas que limitan el acceso a la protección internacional.
“Cedeño muestra una doble injusticia: las personas están siendo expulsadas de su territorio por una crisis climática que no causaron y, al mismo tiempo, enfrentan políticas migratorias cada vez más restrictivas cuando buscan protección o alternativas de vida. La respuesta no puede ser abandono ni deportación. Debe ser protección, justicia climática y cooperación internacional”, afirmó Piquer.
La organización reclamó además que la comunidad internacional establezca nuevas categorías migratorias basadas en derechos para personas desplazadas por el clima, y que el financiamiento climático hacia países como Honduras adopte la forma de donaciones y no de préstamos, para evitar que la adaptación climática profundice el endeudamiento de los estados más vulnerables.
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