Una investigación judicial reveló la existencia de una red de extorsión que operaba en un asentamiento del sudeste de la ciudad de Córdoba. Según la denuncia, los vecinos eran obligados a pagar entre 15 y 20 mil pesos mensuales para no sufrir robos, amenazas o ataques violentos.
Detenciones y operativos
Tras la denuncia de una de las víctimas, quien recibió disparos en su casa por atrasarse con el pago, la fiscal Lourdes Quagliatti ordenó una serie de allanamientos. Como resultado, cuatro personas fueron detenidas: tres hombres y una mujer, acusados de extorsión, violación de domicilio y amenazas calificadas.
Los procedimientos se realizaron en zonas cercanas a la villa Los 40 Guasos y el barrio José Ignacio Díaz.
Cómo funcionaba la amenaza
Testimonios indican que los implicados ofrecían un supuesto “servicio de protección” bajo amenazas: “Si pagás, no vas a tener problemas”, repetían en reuniones obligatorias. Las principales víctimas eran familias migrantes de origen boliviano y peruano, que vivían en terrenos comprados informalmente.
Disparos y pruebas clave
Uno de los hechos que aceleró la causa fue el ataque a un vecino: un auto polarizado pasó y disparó contra su casa. Aunque no hubo heridos, el caso fue tomado como una maniobra intimidatoria directa. La justicia secuestró celulares, el vehículo del ataque y otros elementos probatorios.
El rol del denunciante
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó la valentía del vecino que se animó a denunciar. “Este hecho muestra lo peor y lo mejor: la miseria de extorsionar al vulnerable y el coraje de quien confía en la justicia”, dijo. Además, negó que haya complicidad de las fuerzas de seguridad, subrayando la rápida respuesta policial.
