En medio de una investigación interna que lleva meses, el Gobierno de Javier Milei desplazó a más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro de la Nación. El organismo, que representa al Estado en litigios clave, quedó en el centro de la tormenta por presuntas filtraciones que habrían beneficiado al fondo buitre Burford en la causa por la estatización de YPF.
La denuncia generó revuelo por la magnitud del juicio en Nueva York, donde Argentina fue condenada a pagar USD 16.100 millones.
Desde Casa Rosada justificaron los despidos como parte de una “reestructuración para mejorar la eficiencia”. Sin embargo, según pudo saber Noticias Argentinas, en el Ejecutivo hay fuerte malestar por la actuación de la Procuración en un juicio sin precedentes. “Es muy grave que los abogados rivales supieran de antemano nuestra estrategia”, habría deslizado una fuente oficial.
Uno de los focos de sospecha es el propio titular del organismo, Santiago Castro Videla, socio de un constitucionalista que testificó a favor de Burford. Su vínculo con el estudio jurídico que colaboró con los demandantes generó críticas, aunque por ahora permanece en su cargo con el respaldo de Santiago Caputo, figura clave en el círculo íntimo del presidente Milei.
El Gobierno confirmó que reducirá las Direcciones Nacionales de seis a cuatro y cerrará la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, reemplazándola por un centro más reducido. “Se eliminaron unidades jerárquicas innecesarias, se reasignaron funciones clave y se achicaron gastos en comitivas y viajes oficiales”, detallaron en un comunicado oficial.
En las últimas horas, la gestión Milei obtuvo un alivio momentáneo: la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York ordenó suspender de forma preventiva la entrega del 51% de las acciones de YPF, medida impuesta por la jueza Loretta Preska. La decisión estará vigente hasta que se resuelva si se concede una suspensión definitiva mientras Argentina apela el fallo del 30 de junio.
