Un fenómeno impulsado por la inteligencia artificial expone a mujeres y niñas a abusos sexuales falsificados en Internet, mientras las leyes, las plataformas y los sistemas judiciales todavía no logran dar respuestas eficaces.
Los contenidos sexuales generados mediante ultrafalsos representan hoy la gran mayoría de los videos falsificados que circulan en Internet y casi siempre tienen como protagonistas a mujeres. Distintos estudios señalan que alrededor del 98 % de estos materiales corresponden a pornografía no consentida creada con inteligencia artificial, conocida como “desnudos ultrafalsos”, donde los rostros o identidades de mujeres son colocados en imágenes o videos manipulados.
Para muchas víctimas, el ataque comienza de forma repentina y se expande a gran velocidad en redes y plataformas digitales. En cuestión de minutos el material puede ser visto por miles de personas y, con el paso de las horas, alcanzar a millones, mientras comentarios, burlas y capturas de pantalla multiplican el daño incluso cuando la víctima jamás dio su consentimiento para la creación o difusión de esas imágenes.
Eliminar este tipo de contenidos suele ser extremadamente difícil, porque una vez publicados pueden guardarse, replicarse y volver a compartirse indefinidamente. Las herramientas para crear ultrafalsos se han vuelto cada vez más accesibles y fáciles de usar, lo que ha provocado un fuerte crecimiento de este tipo de material en los últimos años y ha convertido el problema en una crisis digital con consecuencias reales para las víctimas.
El impacto no queda limitado al entorno virtual y puede derivar en situaciones de violencia fuera de Internet. Investigaciones recientes señalan que muchas víctimas sufren acoso en la vida cotidiana luego de la difusión de estos contenidos, y en algunos contextos culturales incluso pueden desencadenarse agresiones graves vinculadas a cuestiones de honor.
Frente a este escenario, especialistas y organizaciones internacionales advierten que se necesita una respuesta urgente de gobiernos, sistemas judiciales y empresas tecnológicas. Entre las medidas planteadas aparecen la creación de leyes específicas sobre abusos generados por inteligencia artificial, mayores capacidades de investigación digital, obligaciones más estrictas para las plataformas y políticas de prevención basadas en educación digital y consentimiento.
