En tiempos de polarización intuyo que todavía seguimos teniendo mucho más en común de lo que parecen señalar desde los extremos. Intuyo que compartimos el deseo de vivir bien, de perseguir la felicidad, de compartir con nuestros afectos el camino que transitamos en la búsqueda de nuestros sueños. Intuyo que, despues de tanto y a pesar de todo, compartimos la capacidad de conmovernos ante el dolor, la alegría, la sorpresa ajena.
Tenemos en común alguna posibilidad de influenciar las vidas de otros aunque tengamos responsabilidades distintas. En nuestra vida familiar, en el empleo, en los espacios educativos, en la vida pública y en el trato privado somos parte de las acciones que nos definen y construyen como sociedad. Acordamos reglas y entregamos el mandado para su observancia a las instituciones del Estado.
Apelar a la responsablidad del Estado no es sinónimo de resignar protagonismo de nuestras vidas sino recordar que son las instituciones públicas quienes tienen la responsabilidad de honrar las leyes, de generar a través de políticas públicas las mejores condiciones posibles para la vida digna, aún cuando pueda haber distintos caminos para lograrlo.
Si todavía nos conmovemos con las noticias sobre femicidios que reiteradamente y con dolorosa cotidianeidad ocupan los medios de comunicación, por qué será tan dificil reconocer que el Estado tienen un rol que cumplir para procurar prevenirlos, asegurar la protección de quienes están en riesgo y garantizar la justicia. Todos los poderes el estado, en todos los niveles de gobierno tienen un rol indelegable que cumplir.
En los últimos años se ha señalado reiteradamente al Estado nacional porque no solo ha recortado los recursos económicos destinados a atender la violencia de género sino que se ha retirado como ente rector de las políticas públicas que son fundamentales para establecer un piso mínimo de protección de derechos en las provincias. A esto se suma un discurso público acompañado de iniciativas legislativas que refuerzan estigmas históricos sobre las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, que descreen de su palabra y que promueve la idea de que si no deciden hacer una denuncia, o si una vez planteada no logran probarla judicialmente, entonces han mentido. Cuando esto sucede de la mano del desmantelamiento de políticas públicas de sostén y patrocinio jurídico, entonces queda claro que las mujeres quedan en gran medida libradas a su suerte.
No sería extraño que cada vez haya menos denuncias: sin acompañamiento emocional y jurídico, con pocos recursos económicos y sin programas sociales de apoyo es complejo sostener denuncias contra personas con las que, en la gran mayoría de los casos, se tiene o tenía un vínculo afectivo. Sería un error concluir que si bajan las denuncias, hay menos violencia.
Los gobiernos municipales y provinciales pueden y deben dar respuestas, pero es cierto que sin articulación federal el riesgo de retroceso es enorme. En las provincias el compromiso, la institucionalidad y el apoyo político y financiero en este tema es dispar, sobre todo en un contexto de restricción fiscal que impacta en muchos otros sectores.
A veces parece que cambió todo y otras, que no ha cambiado nada. Hoy parece un lugar común cuestionar la falta de efectividad de las políticas públicas del pasado como si la persistencia de la violencia hacia las mujeres fuera solo debido a la ineficacia de las acciones estatales o la falta de un diagnóstico adecuado de las organizaciones de mujeres. Pelearse con la evidencia que muestra el impacto que tiene desigualdad y la reitaración de la violencia no contribuye a la resolución del problema. Lejos de la polarización, aspiro a que nuestra humanidad compartida permita construir un camino.
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