El Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLá dio a conocer un nuevo informe estadístico, revelando un escenario crítico en materia de violencia de género en la Argentina. Entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026, se registraron 239 femicidios en todo el país, lo que representa un trágico promedio de un asesinato cada 30 horas.
De acuerdo con los datos difundidos, el mes de octubre cerró con 36 femicidios, convirtiéndose en el peor octubre desde el año 2022 y encendiendo las alertas de las organizaciones sociales y de derechos humanos, que reclaman la urgente declaración de emergencia nacional.
Un impacto devastador en las familias
El informe detalla que, como consecuencia irreversible de estos crímenes, 179 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madres. Además, la organización contabilizó 728 intentos de asesinato por razones de género en lo que va del período.
Del total de casos relevados a nivel nacional (que suman 3.231 desde 2015), el informe detalla que el 61% de los femicidios fueron cometidos por parejas, exparejas o familiares, y que el 59% de las mujeres fueron asesinadas en sus propias viviendas. Asimismo, la estadística refleja que el 41% de las víctimas eran madres.
En cuanto al perfil de los agresores, la edad promedio se situó en los 36 años, registrándose que el 29% convivía con la víctima y un 31% se dio a la fuga (con un 16% que continúa prófugo). Un dato relevante que expone la vulnerabilidad previa de las mujeres es que solo el 12% había denunciado a sus agresores, el 75% tenía orden de restricción y un 12% contaba con botón antipánico.
Desde el espacio advierten que esta modalidad extrema de violencia machista se monta sobre una profunda vulnerabilidad socioeconómica que afecta de manera directa a mujeres y disidencias sexogenéricas, marcadas por la pérdida de poder adquisitivo, el pluriempleo y el endeudamiento.
El informe también pone el foco en casos resonantes del último período que expusieron la desidia estatal y la precariedad cotidiana, como el de Nancy Godoy (maestra rural asesinada en Corrientes tras estar 20 días desaparecida), crímenes vinculados a trabajadoras sexuales donde reclaman protección en lugar de estigmatización, y hechos atravesados por la violencia de redes de préstamos ilegales y usura, como el de Natalia Giménez en Rosario.
Ante este panorama, exigieron al Estado argentino y a los gobiernos provinciales el cumplimiento efectivo de las normativas vigentes para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia machista, insistiendo en que “nos mata el machismo, el endeudamiento y la pobreza“.
