Mauricio Bártoli
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El caso Vicentin, el default privado más grande la historia argentina, no deja de sorprender. La trama parece de película, o de serie: con múltiples idas y vueltas, protagonistas centrales que suben y bajan, partenaires que tienen su tiempo de alto voltaje y luego salen de escena, actores que pasan de poderosos a víctimas, o viceversa. Y, aunque ya hubo tendencias que parecían definitivas y se diluyeron, se acercan los capítulos finales y la perspectiva sigue siendo incierta.
Van casi 6 años desde que la compañía agroexportadora de origen familiar detuvo su marcha de 90 años de crecimiento arrollador, y desde el pedestal de ser una de las mayores empresas de capital nacional, el 4 de diciembre de 2019 anunció su “stress financiero”. Pero
El 8 de junio de 2020, esta historia empezó a tener alto impacto masivo. Ese día, el gobierno nacional de Alberto Fernández quiso intervenirla y desató un vendaval de manifestaciones cívicas pocas veces vista, en plena pandemia. Poco después, esa intención se dejó de lado desde el Poder Ejecutivo, pero la politización siguió en torno a lo judicial y al Banco Nación, el principal acreedor no granario. En el medio, Sergio Nardelli, el CEO de la empresa, murió de un infarto.
Durante varios años pareció que el plan de salvataje de Vicentin con Inversores Estratégicos (Viterra, Bunge, Asociación de Cooperativas Argentinas, Molinos Agro) sortearía los obstáculos judiciales, más aún cuando reunió los avales de la mayoría de los acreedores (1700) y de los titulares de dos tercios de la deuda por 1.350 millones de dólares.
Pero el juez del concurso, Fabián Lorenzini, no homologó ese acuerdo en septiembre de 2023, la Cámara de Apelaciones de Reconquista falló en contrario en junio de 2024 y finalmente la Corte Suprema de Justica de Santa Fe hizo lugar a los cuestionamientos del proceso, y habilitó el proceso de salvataje (cram down) que este mes transcurre una etapa clave.
La continuidad de la empresa tiene 4 interesados formales: la corredora Grassi, Bunge, Unión Agrícola Avellaneda y Molinos Agro-Dreyfus (compraron el pliego en conjunto), que podrán presentar nuevos avales antes del 31 de octubre.
Hasta ahora, tomó la iniciativa Grassi, que arrancó esta “novela” como una de las principales víctimas y ahora muestra fortaleza con la única propuesta presentada en el expediente. Promete devoluciones de hasta el 200% de la deuda, a los acreedores que les entreguen granos para darle volumen a la empresa, y alternativas que también superan el 100% a los que ayuden con las prefinanciaciones. Juega estas instancias de la mano de potenciales socios que podrían ser gravitantes, como el Grupo CIMA Investments SA, (del empresario Esteban Nofal) que meses atrás sorprendió al comprarle la deuda a los bancos internacionales, y sugiere otros sutiles acompañamientos de parte de los trabajadores de Vicentin y de una exportadora internacional que hasta ahora se ha mantenido fuera de este asunto.
En tanto, Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC) informaron que están elaborando una propuesta conjunta, eventualmente en articulación con Bunge y Unión Agrícola Avellaneda, para disputar la puja de avales de los acreedores durante este mes.
En ese contexto, Lorenzini prorrogó por 120 días hábiles judiciales la intervención societaria de Vicentin S.A.I.C., (hasta el 8 de abril de 2026), con la intención de garantizar la continuidad operativa de la empresa y preservar el proceso de salvataje en curso.
La medida del juez concursal dictaminó la continuidad de los interventores judiciales, el contador Andrés Shocron y el abogado Guillermo Nudemberg, quienes mantendrán las mismas potestades y atribuciones para administrar y controlar las unidades de negocio que integran el patrimonio de la empresa.
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