El Gobierno de Córdoba decidió dar un paso más en el control de la vacunación obligatoria infantil y anunció sanciones concretas para las familias que no cumplan con el calendario nacional. La medida fue confirmada por el ministro de Salud provincial, Ricardo Pieckenstainer, y se instrumentará a través de una modificación del Código de Convivencia.
La iniciativa apunta directamente a padres, tutores o responsables legales de menores de 18 años que no garanticen la aplicación de las vacunas obligatorias. El objetivo, según explicaron desde la Provincia, es reforzar la cobertura del esquema de inmunización y asegurar el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes.
El proyecto incorpora el artículo 75 bis, que establece una sanción económica de 50 Unidades Fijas (UF). Con el valor actual de la UF —equivalente a $1.696, según el precio del litro de nafta súper informado por la Fecac—, la multa asciende a $84.800 por cada incumplimiento.
Pero la sanción no se limita solo a lo económico. La normativa también prevé hasta cinco días de arresto o la posibilidad de reemplazar la multa por trabajo comunitario en hospitales públicos o centros asistenciales, como forma alternativa de penalización.
Además, el texto contempla un castigo mayor en caso de reincidencia. Si una familia vuelve a incumplir con la vacunación obligatoria, los montos mínimos y máximos se triplican, lo que podría llevar la multa a superar los $250.000.
La reforma también pone el foco en los efectores de salud y en los funcionarios públicos, que tendrán la obligación de informar a la autoridad competente cuando detecten situaciones en las que se vulnere el derecho a la vacunación.
Desde el Ministerio de Salud aclararon que la medida no apunta a sancionar creencias personales ni posiciones ideológicas, sino a garantizar el cumplimiento de una obligación legal vigente a nivel nacional. “Se busca reforzar la responsabilidad de los adultos a cargo y asegurar una intervención oportuna del sistema de salud”, señalaron.
