El estado de Utah aprobó una nueva ley que modificará el esquema de obligaciones para miles de propietarios que viven en zonas con alto riesgo de incendios forestales. A partir del 1 de enero de 2026, quienes tengan construcciones dentro de áreas clasificadas como de peligro elevado deberán pagar una tarifa anual que podrá alcanzar los 100 dólares por estructura.
La norma, conocida como House Bill 48 y denominada oficialmente Wildland Urban Interface Modifications, fue sancionada durante la sesión legislativa general de 2025 y se convirtió en ley el 3 de marzo de ese año. El objetivo central es aumentar la conciencia sobre el riesgo de incendios en la interfaz urbano-forestal y promover la participación activa de los propietarios en la mitigación de ese peligro.
Desde la Utah Division of Forestry, Fire, and State Lands explicaron que la iniciativa surgió ante el aumento de propietarios que enfrentaron subas abruptas en las primas de seguros o que perdieron cobertura debido a la exposición al fuego. La ley busca ofrecer un marco más claro tanto para los dueños de viviendas como para las aseguradoras.
🚨Attention Utah!
Your Legislators….
…HATE YOU! 🫵Utah House Bill 48 2025
You will now be assessed a fee if your property is considered “high risk” for fires 🔥!
This is the map that has been released that the government has determined “high risk.”… pic.twitter.com/fRT8UgfTNv
— Tracie Halvorsen (@TracieHalvorsen) December 20, 2025
El eje de la normativa está puesto en la denominada Wildland Urban Interface (WUI), un concepto que describe las zonas donde las viviendas y otras construcciones humanas se encuentran con áreas naturales no urbanizadas. Según las autoridades estatales, esta combinación incrementó de forma significativa el riesgo de daños durante incendios forestales y volvió necesario establecer reglas específicas de prevención y evaluación.
Cómo identificar las zonas con mayor riesgo de incendios
Dentro de esa categoría general, la HB 48 creó una subclasificación más restrictiva: la High Risk Wildland Urban Interface, que agrupa a las estructuras con mayor probabilidad de verse afectadas por el fuego. Para identificar estas áreas, el estado elaboró un nuevo mapa oficial de alto riesgo, encargado a una firma especializada en el análisis del comportamiento de incendios forestales.
El modelo utilizado combinó tres factores principales: la severidad potencial del incendio, la probabilidad de ocurrencia y el nivel de exposición. El cálculo tuvo en cuenta variables como el tipo de vegetación, las condiciones climáticas, la topografía y la producción de brasas, además de la densidad de viviendas y la proximidad entre estructuras. El mapa se actualizará todos los años y podrá consultarse de manera pública a través del Utah Wildfire Risk Assessment Portal.
A stunning new video captures a rare fire tornado – described by crews as a vortex or tornado during the Deer Creek Fire – Utah, USA.
A massive wildfire is burning 8,925 acres with 0% containment. Fueled by dry winds, forcing firefighter retreats and expanded evacuations. pic.twitter.com/TqnjWp7JIP
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 13, 2025
La ley establece que todas las estructuras privadas ubicadas dentro de los límites de la High Risk WUI quedarán sujetas a la nueva tarifa. No incluye terrenos estatales ni federales. Los propietarios podrán verificar si su vivienda está alcanzada por la normativa al buscar su dirección en el mapa oficial, una vez que entre en vigencia en 2026.
Los montos de las tarifas
Entre 2026 y 2027, se aplicará una tarifa plana que variará entre 20 y 100 dólares por estructura, de acuerdo con los metros cuadrados gravables. Desde 2028, el monto se definirá al combinar la superficie de la edificación con una evaluación técnica denominada triage assessment. Los fondos recaudados serán administrados por los condados y transferidos al Utah Wildfire Fund, con destino exclusivo a cubrir los costos de implementación de la ley y las evaluaciones de riesgo.
La HB 48 también impactará en el mercado de seguros. A partir de su entrada en vigencia, las aseguradoras deberán utilizar el mapa estatal oficial para clasificar una propiedad como de alto riesgo. Además, si una compañía decide aumentar una prima en un 20% o más, o cancelar una póliza por peligro de incendio, deberá justificar esa decisión con datos concretos si el propietario lo solicita. Según indicaron las autoridades, la intención es ofrecer mayor transparencia y evitar clasificaciones generales que perjudiquen a amplias zonas del estado.
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