El Presidente convocó este viernes por la noche una Cadena Nacional para justificar su decisión de vetar proyectos de ley que prosperaron en el Congreso con el impulso de la oposición y que atentan, a su juicio, contra el “amurallamiento del equilibrio fiscal”. Aumento jubilatorio, movilidad jubilatoria, restitución de la moratoria previsional, emergencia en Discapacidad, emergencia y asistencia para Bahía Blanca y financiamiento universitario, son las principales medidas impulsadas por la oposición y apuntadas por Javier Milei.
Luego de una semana en la que perdió 12 votaciones consecutivas en la Cámara de Diputados, en una prolongada y tensa sesión parlamentaria, el Presidente justificó este viernes su decisión de vetar los proyectos en pos de ratificar la política de equilibrio fiscal de su gestión.
En total, hasta el momento Milei utilizó el veto presidencial en seis ocasiones. El último lunes vetó tres leyes que habían sido aprobadas por el Senado el 10 de julio: Aumento Jubilatorio, de Restitución de la Moratoria Previsional y la de Declaración de la Emergencia en Discapacidad. Anteriormente había recurrido al veto presidencial para dejar sin efecto las leyes de Declaración de Emergencia y Asistencia para Bahía Blanca, de Financiamiento Universitario y de Movilidad Jubilatoria.
Este viernes, Javier Milei sostuvo: “En el último mes, presenciamos un nuevo espectáculo lamentable en la política argentina. El Congreso de la Nación impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzo nos ha costado a todos los argentinos, y que es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo y se transforme en crecimiento genuino”.
“Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional. Los proyectos aprobados por el Congreso sumados representan un gasto anualizado del 2,5 % del PBI, lo cual implicaría un aumento del gasto público de una YPF por año”, ahondó.
Y remató, al respecto: “Parece una pretensión noble, pero cuando no hay plata no se trata más que de un engaño de la política, que toma a los ciudadanos como idiotas. Esto no se trata de que los jubilados, los docentes o los discapacitados tengan mejores ingresos, sino de poder, de una clase política que hace dos años perdió el poder y que va a hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo, sin importar si ello implica destruir la estabilidad que tanto nos ha costado conseguir”.
Ley de movilidad jubilatoria
La iniciativa que fue vetada por Milei en 2024, y cuyo veto la Cámara de Diputados no logró revertir, mantenía el esquema de actualización por inflación aprobado a través de un DNU firmado por el Presidente, pero le añadía un adicional del 8,1 % a los haberes de abril (que se sumaba a lo otorgado por el Gobierno, 12,5 %), para completar el 20,6 % equivalente a inflación de enero.
A su vez, disponía que el haber mínimo no puede ser inferior a 1,09 canastas básicas para cada adulto (según el Indec), lo que equivalía a $ 321.600, 15 mil pesos más que el monto de junio.
Por último, se proponía que la fórmula de movilidad no dependiera únicamente del índice de la inflación, sino que también se contaran los salarios. Así, en caso de que la inflación quedara por debajo del de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), los jubilados recibirían la mitad de esa diferencia a través de un ajuste por semestre.
La restitución de la moratoria previsional
La iniciativa disponía la extensión por dos años de la moratoria previsional, cuyo programa caducó el 23 de marzo pasado.
La norma permitía a quienes llegaban la edad jubilatoria sin cumplir con los 30 años de aportes requeridos regularizar su situación y poder acceder a un haber previsional. Había sido sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández y tenía un período de vigencia de dos años con posibilidad de prórroga, que Milei optó por no extender.
Con el veto a la prórroga, las personas que no cumplan con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80 % de una jubilación mínima.
Aumento de las jubilaciones
El proyecto vetado implicaba un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2 % y un incremento para el bono, que ascendería desde los $ 70 mil a los $ 110 mil y se actualizaría por inflación.
Si la ley continuara en vigencia, quienes perciben la jubilación mínima hubieran recibido en julio un haber de $441.600, frente a los $379.355 que cobraron realmente. La diferencia equivale a un 16,4 %. A esto se le suma el 7,2 % propuesto en el proyecto de ley y un bono de $110 mil.
Declaración de la emergencia en discapacidad
La Ley de Emergencia en Discapacidad buscaba la declaración de la emergencia en todo el país hasta diciembre de 2027. También regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas y reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), así como incentivar el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad.
La ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, manifestó su rechazo al proyecto de ley que finalmente se sancionó, y lo definió como una “iniciativa regresiva que apela a un modelo asistencialista ya superado”.
Asistencia económica a Bahía Blanca tras el temporal
A través del Decreto 424/2025, el Ejecutivo vetó el proyecto de ley aprobado por las 2 cámaras del Congreso que asignaba fondos especiales para la reconstrucción de Bahía Blanca después del temporal del 7 de marzo, así como subsidios para los afectados. Se trataba de un fondo especial de $200 mil millones, que debía constituirse en un plazo no mayor a un mes.
Ley de Financiamiento Universitario
Milei vetó la ley en octubre de 2024, y días después la Cámara de Diputados de la Nación confirmó el veto presidencial.
La norma proponía declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el 2024, y para los gastos de funcionamiento proponía actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (que fue prorrogado por Milei) según la inflación acumulada ese año (211,4 %) y luego aplicar un incremento bimestral.
Además, el dictamen que se puso a consideración encomendaba al Ejecutivo nacional recomponer salarios docentes y no docentes a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC. Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo debía actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación.
Los proyectos de ley que prosperaron en Diputados y encendieron la mecha
Este miércoles, luego de una sesión de más de doce horas por la que el Gobierno se llevó un fuerte revés por la aprobación de un nuevo proyecto de Financiamiento Universitario y otro proyecto que declara la Emergencia Sanitaria por dos años de la Salud Pediátrica .
El proyecto de Financiamiento Universitario, resistido por el Gobierno, establece la obligación del Ejecutivo de convocar instancias paritarias con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, tanto docentes como no docentes, tomando como referencia la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley.
El dictamen para el proyecto, al igual que el de la emergencia para el Hospital Garrahan, se había conseguido a principio de julio, después de forzar la reunión de comisiones con un emplazamiento votado en el recinto.
Por su parte, el proyecto de Emergencia del Garrahan, para el que el Gobierno trató de hacer caer la sesión, además de declarar la emergencia pediátrica y de las residencias por un año, tiene un artículo que da marcha atrás con el nuevo régimen de becas optativas para las residencias creado por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
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