Luego de festejar el fallo por la expropiación de YPF en la Justicia de Nueva York, el Gobierno volvió a sufrir una derrota en los tribunales argentinos horas después de que un juez suspendiera la aplicación de 80 artículos de la reforma laboral. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó una apelación de Capital Humano y le exigió que implemente de inmediato la Ley de Fortalecimiento Universitario.
La norma fue promulgada el año pasado, pero el Ejecutivo nunca la cumplió pese a que el Congreso rechazó el veto del Presidente. La decisión reaviva los cuestionamientos internos en el oficialismo por la conducción política justo cuando el oficialismo intentaba relanzar su agenda legislativa que podía incluir la nueva ley universitaria.
Después de que el veto fracasara, Javier Milei intentó derogar la norma y los aumentos en discapacidad. Incluyó esas iniciativas a último momento en el frustrado capítulo once del Presupuesto finalmente rechazado.
Para evitar denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario público, el Presidente ordenó cumplir con la nueva ley de discapacidad que tardó en promulgar. El 1 de marzo, el jefe de Estado prometió nuevas leyes.
Al mismo tiempo, intentó dilatar lo más posible las nuevas partidas para universidades, que incluían todo lo perdido por inflación para gastos operativos y salarios desde 2023: cerca del 65 por ciento.
La Casa Rosada quiso ganar tiempo al recusar al juez federal Martín Cormick, que había ordenado el inmediato cumplimiento del fortalecimiento universitario. El argumento de los abogados del Gobierno fue que el magistrado no podía ser imparcial porque era profesor universitario.
Conscientes de que un fallo adverso llegaría más temprano que tarde, el Gobierno intentó enviar un nuevo proyecto de ley para modificar la ley y tornar abstracto el reclamo de las universidades.
Por eso, negociadores oficiales como el subsecretario de Política Universitaria Alejandro Alvarez se reunieron con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para explorar la nueva propuesta, que trazaron algunos de los laderos de Santiago Caputo.
La alternativa que proponía el Gobierno era reconocer el monto que había quedado fuera de la paritaria 2025 cercano al 14 por ciento y comprometerse a rediscutir salarios para 2026 cada dos meses. A diferencia de la ley que votó el Legislativo, no había registros del 38 por ciento que perdieron en 2024 -y reconocía la ley vigente- las universidades, empleados docentes y los no docentes.
Los rectores nunca se mostraron dispuestos a validar la oferta con un documento, pero asistieron a las reuniones cada vez que fueron convocados. Los gremios, en cambio, se opusieron desde el principio.
Las marchas y contramarchas con la reforma laboral, primero; la ley de glaciares, después; y los tropiezos políticos del jefe de Gabinete demoraron tanto la iniciativa que las clases tardaron en arrancar por medidas de fuerza y la Justicia terminó dándole la razón a las casas de estudio. El proyecto nunca obtuvo el dictamen de la comisión.
La designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia en detrimento de Guillermo Montenegro no solo generó cortocircuitos aparentes con los jueces de Comodoro Py por los pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos que el Ejecutivo envió al Senado sin consultar. La Corte Suprema también marcó la cancha y el lunes oficializó su propuesta para modificar el peso de los antecedentes académicos en la evaluación de los nuevos postulantes.
En la Rosada también hay funcionarios que creen que los delegados políticos de Karina Milei, a cargo de la conducción del Gobierno, confiaban demasiado en el oficio de Mahiques para obtener un fallo favorable.
Además de las malas noticias para el Gobierno en materia penal en el la causa $Libra, ANDIS y para Adorni, el juez Raúl Ojeda suspendió 80 artículos de la reforma laboral, una decisión que la Procuración del Tesoro planea apelar.
La demora y la dificultad para reunir apoyos de los aliados para avanzar en una nueva ley para las universidades permitió que el acuerdo que habían trazado los negociadores antes habilitados se cayera. “El fallo puso en evidencia falencias en la conducción”, fue el diagnóstico.
El liderazgo político y de la gestión al fin de cuentas recae siempre en la hermana del Presidente y, en el la Diputados, en el presidente de la Cámara Martín Menem. La medida no solo tiene impacto político puertas adentro del Gobierno; también agudiza el costo fiscal mientras sigue cayendo la recaudación.
La interna entre Karina Milei y Santiago Caputo había quedado silenciada por el Adornigate. El asesor incluso colaboró en la estrategia para intentar blindar al ministro coordinador.
La secretaria general de Presidencia, que avanzaba contra los lugares sensibles de poder que todavía controla Caputo como la ARCA y la SIDE, puso en suspenso los cambios hasta que se defina el futuro de su alfil. Mientras tanto, ordenó impulsar a Sebastián Pareja como presidente de la bicameral de Inteligencia que monitorea a la ex AFI.
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