Por años, Argentina ha convivido con una sombra que parece imposible de disipar: la desconfianza de los mercados. No importa si la deuda pública externa es baja en términos relativos o si el país muestra señales de recuperación. El riesgo país seguirá siendo alto en comparación con los vecinos de América del Sur y, con ello, se encarece el financiamiento de la infraestructura, se limita el acceso al crédito a empresas e individuos, y se bloquea el desarrollo económico.
Hoy, más que nunca, necesitamos dejar de ahogarnos en un vaso de agua. La deuda pública en moneda extranjera en manos privadas representa apenas 13% del PBI. No es una cifra alarmante. Si tomamos toda la deuda pública en todas las monedas con inversores privados y organismos internacionales (FMI, BID, etc.) no llega a 37% del PBI que también es un valor bajo comparativamente con otros países. Lo que falta es confianza en que Argentina tiene voluntad de pago. Y esta situación hace que sigamos atrapados en un círculo vicioso de promesas incumplidas, reestructuraciones eternas y falta de visión estratégica.
Pasada las elecciones de medio término con una validación parcial al gobierno actual y con el fabuloso apoyo recibido por Estados Unidos en momentos difíciles de incertidumbre preelectoral, deberíamos proponer una salida pragmática.
Inspirado en el exitoso Plan Brady de los años 80, debemos, en mi opinión, no pedir un swap de monedas como se está discutiendo, sino solicitar a Estados Unidos el alquiler de aproximadamente 40.000 millones de dólares de Derechos Especiales de Giro (DEG) que mantiene sin utilizar en su cuenta corriente en el FMI (según fuentes del mismo FMI, su saldo acumulado es equivalente a US$175.000 millones) a una tasa de interés a discutir entre partes.
Con esos DEG alquilados, armar un fideicomiso financiero administrado por el Banco Mundial u otro banco de primera linea internacional y plantear un canje voluntario de deuda pública en dólares en manos de inversores privados, estirando 10 años todos los vencimientos y garantizando su amortización con ese fideicomiso. El canje debería ser voluntario, sin quita de capital e intereses y sin beneficios ni castigos al inversor.
Lo que tendría el inversor sería una garantía de pago de casi la mitad del valor nominal de los mismos (y si lo miramos en relación con el valor de mercado de esa deuda pública en moneda extranjera, la garantía indicada sería de casi 75%).
Estos inversores tendrán voluntad de canje porque accederán a tener una garantía de pago que hoy no tienen.
Para dar credibilidad a la transacción y generar confianza, Argentina debe comprometerse por ley aprobada por el Congreso, coherente con uno de los puntos del “Pacto de Mayo” firmado por el Presidente y la mayoría de los gobernadores, a:
- No tener emitido más de US$90.000 millones de deuda pública en moneda extranjera en manos del sector privado o el 15% del PBI del año anterior (el mayor de ambos).
- No tener deuda total del sector público en tenencia del sector privado de más de 30% del PBI del año anterior (hoy esta relación está debajo de 25% del PBI).
- No tener más deuda total del sector público nacional (neta de agencias del sector publico argentino) de más de 50% del PBI.
- Alcanzar y mantener un superávit primario que pase del actual de 1,3% a 2,3% del PBI. Este superávit primario, después de pagar los intereses, va a ser depositado en el fondo fiduciario para ir reemplazando la garantía de los DEG prestados por EE.UU. a Argentina. Con el PBI actual de US$650.000 millones, se aportarían todos los años alrededor de US$6.500 millones, generando intereses y en un poco más de 6 años reemplazarían los DEG.
Este esquema permitiría bajar fuertemente el riesgo país, despejar vencimientos de la deuda pública en moneda extranjera por varios años, dar aire al Tesoro nacional y generar las condiciones para que florezcan sectores clave como agro, energía y minería. Con exportaciones en alza y dólares genuinos, Argentina podría pagar sus compromisos sin sacrificar el equilibrio fiscal ni caer en nuevos ajustes.
Con el mismo se entraría en un proceso de círculo virtuoso de mejora en las inversiones productivas y financieras para movilizar el dinero de los argentinos que guardan fuera del sistema. Por esa misma desconfianza los argentinos tienen aproximadamente US$245.687 millones fuera del sistema financiero, según estimaciones del INDEC al primer trimestre de 2025.
Una vez despejado el horizonte de vencimientos, el país podría emitir nuevos títulos bajo el mismo esquema, respetando el límite del 15% del PBI para que el esfuerzo fiscal sea menor y poder destinar recursos a otros destinos sin sacrificar el equilibrio fiscal y la acumulación de garantías. Además, se podría acelerar la devolución de los DEG mediante emisiones en moneda local, reduciendo el riesgo cambiario y acercándose al modelo virtuoso de países vecinos.
Pero el plan no se sostiene solo. Requiere disciplina fiscal, límites claros a la emisión de nueva deuda, superávit primario creciente y, sobre todo, voluntad política. No es una solución mágica sino una hoja de ruta seria para recuperar la credibilidad.
Argentina no necesita más parches. Necesita un cambio de enfoque. El plan, que podríamos denominar “Bessent”, no es perfecto pero es un paso en la dirección correcta. Si logramos implementarlo con responsabilidad y visión de largo plazo, podríamos dejar atrás décadas de incertidumbre y construir una economía de mercado estable, capaz de atraer inversiones y sostener el crecimiento (única forma de sacar a muchos argentinos de la situación de pobreza y frustración).
La oportunidad está sobre la mesa. No desaprovechemos otra oportunidad histórica.
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