Tras las elecciones legislativas de medio término, los fundamentos económicos lucen más robustos de cara a 2026. Una mayor estabilidad política, la baja del riesgo país, la mejora en los precios del agro y el reimpulso de la construcción y del crédito hipotecario se perfilan como factores que incidirían positivamente en la actividad del próximo año.
El primer factor es político. Con el calendario electoral despejado hasta 2027, se atenúa uno de los principales focos de incertidumbre que afectaban las decisiones de inversión. Este escenario permitirá que la actual administración avance en la aprobación del Presupuesto 2026 y en las reformas laboral y tributaria —con apoyo de varios gobernadores—. La reducción de la volatilidad en las expectativas otorga mayor previsibilidad al sector privado y opera como ancla para el crecimiento.
Desde el frente financiero, el resultado electoral, sumado a la expectativa de un préstamo sindicado de bancos internacionales para recomprar deuda de corto plazo (como los bonos con vencimiento en 2029 y 2030), podría acelerar la reducción del riesgo país. Esta mejora es clave para destrabar financiamiento en sectores como energía y minería, además de facilitar la emisión de deuda provincial destinada a obras de infraestructura. Al mismo tiempo, una menor prima de riesgo en dólares se traduce en tasas más bajas en pesos. El BCRA ya recortó la tasa de referencia y podría continuar reduciendo encajes para abaratar el crédito y reactivar el financiamiento privado.
En paralelo, el contexto internacional comienza a jugar a favor, con mejores términos del intercambio que fortalecen el ingreso de divisas del complejo agroexportador. A ello se suma la expectativa de una cosecha de trigo de 23 millones de toneladas para la campaña 2025/26, un récord histórico que podría aportar un puente financiero decisivo. Con precios internacionales más firmes y una producción en ascenso, el agro volvería a constituirse en un factor de estabilidad externa y en un sostén relevante para el crecimiento de 2026.
Otro elemento clave es la reactivación de la obra pública y el retorno del crédito. El Presupuesto 2026 prevé mayores transferencias a las provincias, lo que permitirá retomar proyectos de infraestructura postergados. Con cuentas fiscales más ordenadas, varias jurisdicciones ya gestionan financiamiento internacional para ampliar su inversión. A nivel nacional, el Ejecutivo aceleró las licitaciones viales bajo el nuevo esquema de concesiones. Paralelamente, la baja de tasas y el relanzamiento del crédito hipotecario comienzan a dinamizar el mercado inmobiliario.
Los indicadores recientes muestran señales positivas: el ISAC del Indec creció 0,9% en septiembre y 6,8% interanual; los despachos de cemento aumentaron 7,4% interanual en octubre; y el empleo en la construcción subió 3,3% respecto de agosto de 2024. Con un escenario de mayor estabilidad, la construcción podría convertirse en uno de los motores principales del rebote económico, con impacto directo en el empleo, el consumo y la inversión privada.
Las proyecciones acompañan este panorama. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA y diversas estimaciones privadas, el PBI crecería 3,9% en 2025. Para 2026, el consenso anticipa una expansión cercana al 3%. En la misma línea, el FMI proyecta un crecimiento del 4,5% para 2026 y la OCDE estima una suba del 4,3%.
Con menor incertidumbre política, un riesgo país más bajo, precios de exportación más firmes y un nuevo ciclo de crédito y construcción, la economía podría ingresar en 2026 a una etapa de expansión sostenida. El desafío será consolidar la estabilidad cambiaria y financiera para transformar este contexto positivo en mayor inversión productiva y crecimiento de largo plazo.
Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA.
SN
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