Mujeres de la Ruralidad Argentina cuestionó las fallas institucionales que precedieron y sucedieron a la desaparición de la docente correntina y reclamó políticas públicas que garanticen condiciones dignas de vida y trabajo para las mujeres de los territorios rurales.
La violencia contra las mujeres que habitan la ruralidad no puede desligarse de las condiciones de desigualdad y desprotección en las que viven y trabajan. Así lo planteó Mujeres de la Ruralidad Argentina en un comunicado en el que reclamó justicia por el femicidio de Nancy Godoy, una maestra rural de Corrientes.
Nancy recorría diariamente unos 70 kilómetros a caballo, entre caminos y senderos, para llegar a la Escuela 626, donde desarrollaba su tarea docente. Según señaló la organización, la institución presentaba graves deficiencias de infraestructura, con baños inutilizables, falta de agua y ausencia de condiciones dignas para enseñar y aprender.
Desde la entidad remarcaron que, antes de ser asesinada, la docente ya afrontaba una situación de desprotección, al sostener con su propio esfuerzo responsabilidades que debían contar con el respaldo del Estado.
En ese sentido, Mujeres de la Ruralidad Argentina cuestionó tanto las condiciones en las que Godoy desarrollaba su trabajo como la respuesta institucional posterior a su desaparición. La organización señaló demoras en la recepción de la denuncia y en el inicio de su búsqueda, y sostuvo que la desprotección no comenzó con su desaparición, sino que formaba parte de las condiciones en las que vivía y trabajaba.
El comunicado también planteó la necesidad de ampliar la mirada sobre el caso y no limitar el reclamo a la investigación de los responsables materiales del crimen. En ese marco, convocó a examinar las desigualdades estructurales, las ausencias institucionales y las deficiencias en los mecanismos de protección que exponen a las mujeres rurales a distintas formas de vulnerabilidad.
Finalmente, la organización reclamó una investigación que permita esclarecer los hechos y determinar todas las responsabilidades, además de políticas públicas que garanticen condiciones dignas de vida y trabajo, acceso efectivo a la justicia y protección para las mujeres que habitan la ruralidad.
fuente: Mujeres de la Ruralidad Argentina
