La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la condena a seis años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner por su rol en el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante sus mandatos presidenciales. Además, ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa conocida como “Vialidad”.
El máximo tribunal también validó el descomiso de $84.835.227.378, suma correspondiente al fraude cometido a través de adjudicaciones irregulares a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez.
Tras el fallo, el fiscal Diego Luciani solicitará que todos los condenados en la causa, entre ellos Kirchner y Báez, restituyan al Estado los fondos defraudados. La Justicia les dará un plazo de 10 días hábiles para realizar el reintegro voluntario, bajo apercibimiento de iniciar la ejecución de sus patrimonios. De no cumplirse con lo establecido, se avanzará con embargos y medidas judiciales sobre los bienes personales.
En el caso puntual de Cristina Kirchner, si no restituye el dinero, no solo se embargarían sus propiedades y activos, sino también los bienes registrados a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. La medida busca garantizar la recuperación de los cerca de 85 mil millones de pesos que, según la Justicia, fueron desviados mediante maniobras de corrupción en la obra pública durante más de una década.
