Que un grupo de 40 políticos y altos funcionarios del Gobierno con sueldos estatales hayan calificado para acceder con la velocidad de caída del Artemis II a créditos hipotecarios del Banco Nación no significa que haya habido una trama delictiva. Lo que todos sospechan es que, bien al estilo casta, los beneficiados aprovecharon sus cargos y contactos para obtener privilegios, saltarse varios lugares en la lista de espera y lograr préstamos extraordinarios de hasta 340.000 dólares, a la menor tasa del mercado.
En septiembre de 2024, el entonces presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y su vice, Dario Wasserman (esposo de la influyente legisladora porteña Pilar Ramirez, que antes había sido un pilar fundamental de la gestión camporista de Mariano Recalde en Aerolíneas Argentinas), alteraron la resolución 802 “empleados del sector público”.
Como se aprecia en el documento que ilustra esta nota, en el apartado Sección I, Condiciones Generales, el Banco Nación agregó un párrafo donde figura una especie de aclaratoria (aunque aparenta pasar desapercibida), que específica los alcances de las personas que pueden acceder a los créditos hipotecarios de la entidad pública.
Allí textualmente establece la normativa: “Así mismo se incluyen a las (personas) que perciban ingresos del Sector Público no incluidos en las actividades habituales, como por ejemplo…cargos políticos designados por resolución o electivos…”. Electivos, se refiere principalmente, a senadores y diputados, como las ultracristinistas Anabel Fernández Sagasti y Julia Strada.
Poco más de un año después, y ni bien empezaron a publicarse en las redes sociales los primeras informaciones sobre el acceso de importantes funcionarios del Gobierno (sobre todo del Ministerio de Economía de Luis Caputo) a créditos hipotecarios, la mayoría para segunda o tercer vivienda y por montos que, en promedio, ronda el cuarto de millón de dólares, las autoridades del Nación eliminaron ese apartado mediante una nueva circular, la N° 0092/2026.
El 9 de enero, el propio Wasserman, que había asumido como presidente del Nación apenas un mes antes, autorizó a que el banco “resuelva aprobar adecuaciones a los reglamentos del asunto cuyos acépites (sic) quedarán redactados de las siguiente manera, a saber…”. Allí, se altera el Reglamentación 802 y deja de existir aquel renglón de “cargos políticos designados por resolución o electivos”.
En los pasillos de Economía, dos funcionarios que hablaron con Clarín y que no quisieron o pudieron acceder los créditos, señalaron que en 2024 fueron los propios beneficiados quienes pidieron que se aclare que podían sacar los préstamos para evitar que “después no queden pegados con algo que sin dudas iba a generar ruido e indignación”.
Esa última palabra del off, “indignación”, fue la que se extendió tras la propagación del escándalo de los créditos hipotecarios a funcionarios que ya cuentan con una o varias propiedades a su nombre, incluso en barrios cerrados o countries.
“Intentar escabullirnos yendo al mazo y dar de nuevo”. Así, un miembro del gabinete reconoció ante Clarín lo que, seguramente, se intentó al modificar la normativa del Banco Nación. Y aunque no haya habido delito, el temblor del escándalo que alteró el ánimo de la opinión pública (ocho de cada diez ciudadanos que piden préstamos hipotecarios son rechazados), obligó al propio presidente Javier Milei a referirse al tema, quizás no de la mejor manera: “Nosotros hemos definido nuestros valores morales y estos (los créditos) no tienen nada de ilegal porque los funcionarios no mataron, no violaron la libertad de expresión y no afectaron el derecho a la propiedad”, respondió bastante fastidiado en una entrevista en la TV pública, que, como el Banco Nación, iban a ser eliminados o privatizados por la marea libertaria.
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