Una grave fricción diplomática sacude la región tras la denuncia de un grupo de legisladores argentinos, quienes confirmaron que el gobierno de Bolivia les prohibió el ingreso a su territorio y ordenó su inmediata expulsión. De acuerdo con datos recabados por la agencia EFE, los parlamentarios nacionales fueron trasladados por la fuerza por agentes policiales hasta una aeronave para garantizar su salida del suelo boliviano.
La comitiva civil y legislativa fue escoltada bajo estricto control policial hacia la región oriental de Santa Cruz, punto desde el cual se coordinó su regreso hacia Buenos Aires. Tras abordar el vuelo de retorno, el diputado Marino usó sus canales de comunicación para llevar tranquilidad y confirmar el fin del asedio: “Ya estamos volviendo“, manifestó el legislador, anticipando que darán precisiones institucionales apenas pisen suelo argentino. En este sentido, se programó una conferencia de prensa a las 16:30 horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde la comitiva detallará el violento proceder de los efectivos de seguridad y los argumentos técnicos utilizados por las oficinas de migración del país vecino.
La drástica medida migratoria cosechó apoyos inmediatos dentro del arco político oficialista boliviano. La senadora Tomasa Yarhui respaldó abiertamente la expulsión y solicitó formalmente a la Cancillería de su país mantener una postura firme ante activistas extranjeros que “no respetan la soberanía“, instando a frenar cualquier tipo de intromisión en los asuntos internos de la nación.
En sintonía con este reclamo, el diputado boliviano Alejandro Reyes (perteneciente a la bancada Unidad) fue más allá y catalogó el arribo de la comitiva argentina como parte de una “coordinación internacional” diseñada para desestabilizar la gestión presidencial actual. Reyes vinculó de manera directa a los legisladores argentinos con facciones de apoyo al expresidente Evo Morales, exigió que se investigue el financiamiento detrás de los pasajes de la comitiva y advirtió que estos movimientos buscan allanar el camino para el retorno de “regímenes autoritarios” a Bolivia.
