El Gobierno nacional promulgó este martes dos leyes claves: la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica y de residencias médicas por un año. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento y asigne las partidas presupuestarias necesarias, tal como ya ocurrió semanas atrás con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La decisión fue oficializada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, donde el Poder Ejecutivo fundamentó la suspensión en el impacto fiscal que generarían las medidas sobre las cuentas públicas. La norma universitaria, sancionada tras la insistencia del Congreso pese al veto presidencial, apunta a garantizar la continuidad del presupuesto universitario, actualizar los gastos de funcionamiento y recomponer los salarios del personal docente y no docente de todo el país.
Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica, impulsada con el Hospital Garrahan como emblema, tiene como objetivo fortalecer el sistema de salud infantil, garantizar la atención oportuna y de calidad y reforzar las residencias médicas. Entre sus principales disposiciones se incluyen la asignación prioritaria de recursos, la recomposición salarial del personal de salud y la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen tareas críticas, horas extras o guardias en efectores públicos y privados.
En ambos decretos, el Gobierno remarcó que el Congreso no estableció las fuentes de financiamiento correspondientes, en incumplimiento de lo previsto por la Ley N° 24.156 de Administración Financiera. Por esa razón, las dos normas no podrán implementarse hasta que se incorporen las partidas específicas al Presupuesto Nacional, lo que abre una nueva etapa de debate legislativo sobre la viabilidad económica de ambas políticas.
