Opinión
13 de Octubre de 2025
Escribe Luis Papagni, Ingeniero en Sistemas de Información (UTN), docente y consultor en transformación pública digital
El anuncio del proyecto Stargate Argentina, una carta de intención firmada entre OpenAI y la firma local Sur Energy para construir un megacentro de datos en la Patagonia, fue recibido con euforia. Las cifras son impactantes: hasta US$25.000 millones de inversión, 500 MW de capacidad energética y la promesa de convertir al país en un “líder regional en inteligencia artificial”.
Sin embargo, conviene decirlo sin eufemismos: por ahora, esto no es más que una carta de intención y un hecho comunicacional político. Falta ver si se traduce en inversión real, infraestructura tangible y resultados sostenibles. Porque entre el anuncio y la ejecución hay un largo trecho, y en ese camino se juegan tres dimensiones críticas: el desarrollo humano local, la soberanía digital y la soberanía energética.
Sam Altman CEO de OpenAI, anunciando el acuerdo para la construcción de un centro de datos en la Argentina
Un anuncio en busca de realidad
La Argentina no entra al “mapa de la IA” por decreto ni por comunicado de prensa. Lo que se anunció no es un contrato firmado, ni un desembolso, ni una obra iniciada. Es, de momento, un gesto político con resonancia global y una apuesta de posicionamiento del gobierno. El riesgo está en confundir el marketing tecnológico con la política de Estado.
La historia económica argentina, de los ferrocarriles al litio, enseña que los anuncios grandilocuentes suelen venir acompañados de un mismo patrón, entregar recursos naturales o condiciones fiscales sin asegurar transferencia de capacidades, ni control nacional sobre la infraestructura estratégica. La IA, en este sentido, puede ser la nueva frontera del desarrollo, o el nuevo extractivismo digital.
La nueva Potosí de la inteligencia artificial
El proyecto Stargate promete transformar a la Patagonia en un nodo global de cómputo verde. Pero si no se establecen condiciones claras, la Argentina corre el riesgo de convertirse en la nueva Potosí de la inteligencia artificial, una tierra rica en recursos estratégicos (energía, agua, territorio, talento) puesta al servicio del procesamiento de datos que enriquecerá a otros.
Como en el siglo XVI, cuando la plata de Potosí financió los imperios europeos y dejó a la región en la pobreza, hoy podríamos repetir el ciclo en clave digital. La diferencia es que esta vez la extracción no se mide en toneladas, sino en horas, kilovatios y gigabytes. El nuevo oro son los datos, y la nueva minería es la del conocimiento.
Si el acuerdo no asegura participación nacional en la propiedad y en la gestión del megacentro, la Argentina se limitará a proveer energía barata, clima frío, agua dulce y, con suerte, talento humano formado en sus universidades públicas, para refrigerar servidores que procesarán información global sin dejar beneficios locales. Seríamos, otra vez, el patio trasero del progreso ajeno: una minería a cielo abierto de información, energía y conocimiento, mientras la inteligencia, los algoritmos y las rentas del saber se concentran en el norte global.
La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿queremos ser una plataforma extractiva de datos, o una nación productora de inteligencia? El desafío no es solo atraer inversiones, sino transformarlas en soberanía, innovación y trabajo. Porque sin regulación, capacidad técnica y visión de largo plazo, el riesgo es claro: que Stargate Argentina termine siendo solo un portal por donde se fuga nuestro futuro digital.
El espejo del ILIA 2025: Argentina detrás
El reciente Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025) confirma una tendencia preocupante: Argentina retrocede en el desarrollo de políticas y capacidades en inteligencia artificial. De acuerdo con el informe de octubre de 2025, Argentina retrocedió de 55.77 a 52.98 puntos (-2.79), ubicándose por detrás de Chile, Brasil, Uruguay, Colombia y Costa Rica, países que consolidan el liderazgo regional gracias a políticas estables de inversión en talento, infraestructura y gobernanza digital.
Chile sigue ocupando el primer lugar, aunque bajó de 73.07 a 70.56 puntos; Brasil, segundo, retrocedió de 69.3 a 67.39; y Uruguay, tercero, pasó de 64.98 a 62.32. En contraste, países como Costa Rica (+10.20), El Salvador (+6.14), Ecuador (+6.09) y Colombia (+3.20) registraron importantes mejoras en sus puntajes.
El balance es claro: 12 de los 19 países evaluados mejoraron su desempeño, mientras Argentina forma parte del grupo que retrocede. Esto significa que, mientras la región acelera la inversión en talento, regulación y ecosistemas de innovación, nuestro país se aleja de la frontera digital.
Más allá de los números, el ILIA 2025 evidencia un patrón político: los países que avanzan en inteligencia artificial son aquellos que combinan políticas de Estado estables, inversión sostenida en capital humano y marcos regulatorios de gobernanza digital. Argentina, en cambio, continúa atrapada en ciclos de entusiasmo y desinversión, donde los anuncios reemplazan a la planificación.
En términos estratégicos, si el país se limita a ofrecer energía, suelo y beneficios fiscales a grandes corporaciones sin acompañar con políticas de talento, innovación y soberanía de datos, consolidará su papel periférico en la economía del conocimiento.
Inversión sí, pero con condiciones soberanas
La llegada de OpenAI podría ser positiva si se garantiza soberanía sobre los recursos, los datos y la infraestructura. Para ello, el Congreso y el Ejecutivo deberían asegurar al menos tres condiciones básicas:
- Propiedad y control nacional parcial de la infraestructura. Una cuota pública de cómputo o una participación accionaria del Estado en el proyecto, que garantice acceso estratégico y capacidad de auditoría.
- Desarrollo humano y formación técnica local. Programas obligatorios de capacitación y becas en IA, ciencia de datos y ciberseguridad, destinados a universidades y tecnólogos argentinos.
- Fomento de startups y proyectos de innovación locales. Que parte del poder de cómputo del centro se destine a emprendedores, pymes y universidades nacionales para generar valor agregado.
Sin esas cláusulas, el “megaproyecto” será apenas una subcontratación de suelo y energía al servicio de la inteligencia ajena.
Gobernanza, energía y poder en la era algorítmica
El verdadero debate no es solo técnico, sino político. En el corazón de la inteligencia artificial se juega la disputa por la gobernanza del conocimiento, la soberanía energética y la autonomía cultural.
Argentina cuenta con iniciativas incipientes que pueden marcar un rumbo. Entre ellas, el debate aún pendiente sobre Transparencia Algorítmica y No Discriminación, que busca garantizar que los sistemas de IA utilizados en el país sean auditables, explicables y no discriminatorios.
Estos principios deben trascender el ámbito público y aplicarse también a los actores privados que operen en el territorio nacional. No puede haber soberanía digital sin trazabilidad algorítmica, ni desarrollo sostenible sin protección efectiva de los datos personales, la privacidad y el control jurisdiccional argentino sobre su procesamiento.
En este contexto, un centro de datos de 500 MW no es solo infraestructura: es poder computacional, energético y simbólico. Su consumo debe articularse con una planificación energética soberana y transparente, evitando que los recursos naturales argentinos (agua, energía y suelo) queden subordinados a intereses externos o a contratos de beneficio unilateral.
A ello se suma un aspecto esencial: la economía de la lengua. Si los modelos de IA entrenados en nuestro territorio no incorporan el español y sus variantes locales, estaremos cediendo también soberanía lingüística. Los algoritmos que no entienden nuestro idioma ni nuestras expresiones culturales terminarán moldeando una inteligencia ajena, desarraigada.
Invertir en inteligencia, por tanto, también significa proteger el idioma y la diversidad cultural, la forma en que los argentinos nombramos el mundo y construimos conocimiento. La gobernanza de la IA debe concebirse como un ecosistema integral donde energía, datos, transparencia y lenguaje conforman un mismo eje de poder. Y ese poder, si no se regula con visión soberana, puede transformar a la Argentina en proveedora de energía y datos, pero no de inteligencia.
El rol del Congreso y la inteligencia con soberanía
Hoy, lo que tenemos es una carta de intención, un gesto político y un titular de alto impacto. Nada más, todavía. Pero si esa promesa se materializa, debemos observar con cuidado cómo se distribuyen los beneficios, quién controla la infraestructura y qué futuro construye para los argentinos.
El Congreso Nacional tiene la responsabilidad de estudiar en profundidad este tipo de acuerdos y garantizar que las inversiones tecnológicas sirvan al pueblo argentino, no solo a los intereses corporativos globales. Debe velar por la protección de los datos personales, la defensa del trabajo local, la ciberseguridad, la soberanía energética y la autonomía digital del país.
Y sobre todo, debe evitar populismos vacíos, tanto los que prometen un futuro tecnológico sin inclusión, como los que rechazan la innovación por reflejo ideológico. La inteligencia artificial no necesita dogmas: necesita visión, regulación y coraje político.
La IA puede ser la locomotora del siglo XXI, pero solo si nos subimos con conducción propia, con soberanía digital, energética y lingüística. De lo contrario, seremos apenas la estación intermedia donde otros cargan energía, datos y futuro.
Artículo publicado por Luis Papagni en Linkedin.
(*) Luis Papagni: Ingeniero en Sistemas de Información (UTN), docente y consultor en transformación pública digital
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fuente: inteligencia artificial toca la puerta del sur – Canal-AR”> GOOGLE NEWS
