Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, seguirá detenido tras el rechazo de un habeas corpus por delitos de corrupción.
La jueza de garantías de Entre Ríos, Carola Bacaluzzo, rechazó este miércoles 20 de noviembre el habeas corpus presentado por la defensa del ex gobernador Sergio Urribarri. Seguirá detenido tras ser condenado por delitos de corrupción como peculado y enriquecimiento ilícito.
Las razones del fallo
La jueza argumentó que el habeas corpus no es procedente en este caso, ya que no puede reemplazar las decisiones de los jueces naturales. En su lugar, recomendó a la defensa recurrir a vías procesales ordinarias, como la apelación ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, para discutir la condena.
“La acción de habeas corpus debe ser rechazada. No existe un ataque ilegal que lo torne procedente”, concluyó Bacaluzzo durante la audiencia.
La situación judicial de Urribarri
El ex mandatario entrerriano fue detenido el martes 19 de noviembre en su residencia en Concordia y trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná, tras la decisión de la Cámara de Casación Penal de Paraná. Esta resolución confirmó su condena e incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Entre las causas que llevaron a su condena, destacan:
- Uso indebido de recursos públicos para posicionarse como candidato presidencial.
- Campañas de difusión como la instalación de un parador en Mar del Plata en 2015 y la promoción de la Cumbre del Mercosur en 2014.
- Cartelización de la publicidad en vía pública y contratación irregular de publicidad oficial.
El fallo de Casación se basó en el riesgo de fuga y en las maniobras dilatorias empleadas por las defensas, según lo establecido por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo.
Un caso con impacto nacional
Urribarri, quien gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015 como miembro del Partido Justicialista, enfrenta ahora un proceso judicial que podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Su abogado, Leopoldo Cappa, ya anticipó que apelará la decisión, aunque admitió que el recurso no suspenderá la detención preventiva.
La continuidad del caso refuerza el compromiso con los tratados internacionales que abogan por la protección del proceso penal en casos de corrupción. Marcando así un precedente en la lucha contra el uso indebido de recursos públicos.
