La Inspección General de Justicia volvió a poner en la mira a la AFA y analiza abrir un procedimiento administrativo por presuntas fallas en la presentación de sus balances. El Gobierno planea formalizar en los próximos días un nuevo requerimiento para que la entidad deportiva brinde explicaciones pendientes en expedientes anteriores, ante la persistencia de dudas sobre la transparencia de su información contable.
En el Ejecutivo señalan que la medida podría transformarse en una instancia sumarial autónoma, lo que habilitaría a evaluar si la asociación incumplió sus obligaciones estatutarias o financieras. Según explican fuentes oficiales, la decisión se sostiene en que siguen apareciendo señalamientos públicos sobre el manejo económico de la AFA y de los clubes, aunque por ahora descartan acudir a la Justicia para forzar respuestas.
El organismo volverá a exigir la apertura de partidas contables y financieras que ya habían sido observadas, incluyendo la actividad de la AFA en la provincia de Buenos Aires, donde —según el oficialismo— realizó gestiones buscando evitar el control de la sede porteña. Desde 2017, la IGJ reclama la desagregación de USD 111 millones declarados sin detalle, junto a varios ejercicios contables aún sin aprobación.
El titular de la IGJ, Daniel Vítolo, descartó una eventual intervención estatal, pero advirtió que la AFA no completó los trámites vinculados al cambio de jurisdicción. Si no hay respuesta al requerimiento, el organismo puede aplicar sanciones previstas por ley, que incluyen multas, trabas registrales e incluso la no aprobación de los estados contables, hasta que la institución regularice su situación.
