En medio de un aumento sostenido en la demanda de atención psicológica y psiquiátrica, el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental enviado por el Gobierno al Congreso generó una fuerte preocupación en el sector. Especialistas, asociaciones y autoridades provinciales advierten que la iniciativa podría implicar un retroceso en derechos, con recortes presupuestarios y mayores restricciones de acceso a tratamientos.
Uno de los cuestionamientos más contundentes provino de Alberto Trimboli, fundador de la Asociación Argentina de Salud Mental, quien calificó la propuesta como “regresiva” y advirtió sobre su impacto estructural en el sistema. Según sostuvo, el proyecto podría dejar fuera de cobertura a una gran parte de la población.
El punto más crítico radica en la eliminación del financiamiento específico. La ley vigente establece que al menos el 10% del presupuesto sanitario debe destinarse a salud mental, pero la reforma eliminaría esa obligación. “No es que lo bajen, lo llevan a cero. Eso significa directamente eliminar el presupuesto destinado a salud mental”, aseguró Trimboli.
Este posible recorte se da en un contexto donde aumentan las consultas por crisis emocionales, ansiedad y consumos problemáticos, lo que agrava aún más el panorama. Desde el sector advierten que la falta de recursos podría colapsar los servicios públicos y limitar la capacidad de respuesta ante emergencias.
Otro de los cambios significativos afecta las internaciones involuntarias. La normativa actual permite intervenir ante un “riesgo cierto e inminente”, pero el nuevo proyecto eleva ese umbral a un “riesgo grave para la vida y la integridad física”. Para los especialistas, esto dificultaría la intervención temprana en situaciones críticas.
Además, se establece que la internación deberá ser firmada inicialmente por un médico psiquiatra, lo que podría generar demoras en regiones con escasez de profesionales. “Hay lugares donde no hay psiquiatras. En una crisis, si no hay quién firme, nadie podría internar”, advirtió Trimboli.
El cambio conceptual también encendió alarmas. La ley actual contempla el “padecimiento mental”, una categoría amplia que incluye duelos o crisis emocionales. La reforma propone limitar la cobertura a diagnósticos formales del CIE-11, lo que, según estimaciones, dejaría afuera al 90% de quienes hoy acceden a atención. “Si una persona atraviesa un duelo o una crisis emocional, y no tiene un trastorno psiquiátrico, quedaría afuera del sistema”, explicó.
El rechazo al proyecto se extiende a nivel federal. Según trascendió, 18 provincias manifestaron su oposición tras reuniones con autoridades nacionales, mientras organismos de revisión también expresaron críticas. En paralelo, referentes del sector iniciaron gestiones con legisladores para frenar la iniciativa, al considerar que implica una reducción de derechos y un retroceso en el acceso a la salud mental.
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