En medio de tensiones gremiales y advertencias de paro en los primeros días del ciclo lectivo, diputados de distintos bloques de la oposición presentaron en el Congreso un proyecto para declarar la emergencia salarial educativa por cinco años y crear un refuerzo directo para recomponer los ingresos docentes en todo el país.
La iniciativa apunta a revertir el deterioro del poder adquisitivo que, según los autores del texto, acumula una caída promedio del 19% entre 2023 y 2025, con retrocesos en 19 de las 24 jurisdicciones. El planteo se da en un contexto de fuerte ajuste presupuestario impulsado por el gobierno de Javier Milei, al que responsabilizan por el “desfinanciamiento” del sistema educativo.
El proyecto sostiene que la inversión educativa real cayó 47,7% durante la actual gestión y que su peso en el PBI descendió del 1,4% en 2023 al 0,82% en 2025, el nivel más bajo en dos décadas. A esto se suma la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un complemento salarial que alcanzaba a docentes de todo el país, y la falta de convocatoria a una paritaria nacional.
Los legisladores también cuestionan la contradicción entre la declaración de la educación como “servicio esencial” vía DNU y la reducción de partidas. “Declarar la esencialidad en los papeles pero asfixiar financieramente al sistema revela que se trata de una herramienta de control y no de un compromiso real con la calidad educativa”, argumentan en los fundamentos.
Cómo sería el refuerzo salarial
La propuesta crea un “Fortalecimiento Salarial Educativo”, financiado con el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con asignación específica y distribución automática a las provincias. El objetivo, aseguran, es evitar discrecionalidad y garantizar que los recursos impacten directamente en el recibo de sueldo.
El esquema contempla:
- Un Complemento Federal de $52.269 mensuales para docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal.
- Una Compensación Federal adicional de $67.204 para quienes trabajen en escuelas de alta vulnerabilidad.
Entre marzo y diciembre, el refuerzo podría alcanzar los $119.473 adicionales por cargo, priorizando a quienes se desempeñan en contextos más críticos.
Según el texto, la iniciativa no crea nuevos impuestos ni modifica la coparticipación federal, sino que reasigna recursos ya existentes y establece un mecanismo automático con rendición obligatoria. Cumple así con un reclamó del presidente Milei a los opositores, cuando dice que toda ley que reasigne recursos debe aclarar de dónde sacar esos fondos.
Infraestructura y escuelas técnicas
El proyecto también propone destinar $740.500 millones correspondientes a ATN 2025 no ejecutados para obras, reparaciones y mantenimiento escolar. El 75% se asignaría a infraestructura de nivel inicial, primario y secundario de gestión estatal, y el 25% restante a establecimientos de educación técnica secundaria.
Los impulsores señalan que la medida busca sostener el funcionamiento de 44.460 escuelas, a las que asisten más de 7,4 millones de estudiantes y en las que trabajan 916.674 personas.
“La situación actual no responde a un hecho fortuito, sino a una determinación política del Gobierno nacional, que ha optado por desentenderse de su responsabilidad y trasladar el costo a las provincias”, afirmaron los autores.
Uno de los principales impulsores, el ex ministro de Educación Nicolás Trotta, sostuvo que “ante la retracción del Estado nacional, el Congreso debe ejercer su rol de garante del derecho a la educación”. Y agregó: “La sostenibilidad del sistema es inseparable de salarios dignos para los docentes y los trabajadores de la educación”.
El proyecto cuenta con el respaldo de legisladores de distintas provincias y bloques, entre ellos Natalia de la Sota, Miguel Ángel Pichetto, Maximiliano Ferraro, Gustavo Bordet y Pablo Yedlin, entre otros.
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