El municipio de Río Cuarto presentó un proyecto para regular la actividad de los conocidos “naranjitas” o trapitos, una problemática que creció en los últimos años y que ahora busca ser encauzada mediante ordenanzas municipales. El plan contempla sanciones económicas que podrían superar los $386.000 en caso de cobros compulsivos, así como la quita de ayuda social a quienes incurran en conductas violentas.
El debate comenzó con fuerza en el Concejo Deliberante, donde el oficialismo ya enfrenta resistencias. “¿Cómo se le va a cobrar semejante suma a una persona en situación de extrema precariedad?”, se preguntaron varios ediles, al tiempo que cuestionaron la falta de mecanismos claros para comprobar amenazas o extorsiones en la vía pública. La preocupación es que se termine criminalizando la pobreza sin herramientas jurídicas sólidas.
La iniciativa del intendente Guillermo de Rivas también prevé que los naranjitas que sean denunciados pierdan el acceso a planes alimentarios y subsidios. Esta medida fue duramente criticada por sectores de la oposición, que la consideran regresiva. El proyecto aparece en un contexto de tensión: el municipio arrastra un déficit de 800 millones de pesos mensuales y busca recuperar la iniciativa política sin aumentar el gasto.
En paralelo, la ciudad enfrenta un creciente malestar social vinculado a la inseguridad. Según el periodista Marco Jure, “el gobierno municipal se comió cuatro marchas antes de reaccionar”, en alusión a la lenta respuesta oficial ante las protestas vecinales. Ahora, De Rivas apuesta a retomar el control de la agenda pública con medidas de alto impacto simbólico como esta regulación callejera.
La gestión espera llegar al 2 de julio, fecha en la que cumple un año en funciones, con un nuevo clima político. Mientras tanto, la polémica por los trapitos promete escalar, no solo por sus implicancias sociales, sino también porque revela una estrategia de fondo: ordenar el espacio público como bandera de gestión en medio de un fuerte ajuste.
