
La situación judicial de Néstor Ortigoza registró nuevos avances en los últimos días a partir de decisiones adoptadas por distintos tribunales de la provincia de Buenos Aires. El exfutbolista fue incorporado al Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, además, quedó impedido de salir del país hasta regularizar su situación.
Las medidas fueron dictadas por la Cámara Civil y Comercial de Morón y por el Juzgado de Familia de Lomas de Zamora, en el marco de causas vinculadas al incumplimiento de obligaciones alimentarias respecto de sus hijos.
Según lo resuelto por la Cámara, la restricción para salir del país se mantendrá vigente hasta que el exmediocampista cumpla con los pagos adeudados. En el fallo, los magistrados señalaron que se trata de un caso de incumplimientos reiterados, lo que derivó en la aplicación de una medida más estricta.
Por su parte, el Juzgado de Familia de Lomas de Zamora evaluó denuncias relacionadas con la falta de pago de la cuota alimentaria correspondiente a otro de sus hijos y dispuso su inscripción en el registro oficial de deudores. En esa instancia se remarcó que el cumplimiento de estas obligaciones constituye una responsabilidad legal y no una opción.
En paralelo, permanece sin resolución la causa por violencia de género iniciada en 2024 tras una denuncia presentada por una expareja del exjugador. El expediente no registró avances en el último tiempo luego de que la fiscal interviniente se declarara incompetente por una cuestión de jurisdicción.
Dentro de esa investigación se incorporaron distintos elementos probatorios, entre ellos registros audiovisuales, aunque la causa continúa a la espera de una definición sobre qué fuero deberá continuar con el trámite.
El impacto de la situación judicial también tuvo derivaciones en el ámbito institucional. El club San Lorenzo, donde Ortigoza tuvo un rol destacado durante su etapa como futbolista, resolvió a través de su Tribunal de Ética y Disciplina la suspensión como socio por el plazo de un año.
Esa sanción implica la imposibilidad de participar en actividades institucionales, asistir a los partidos en condición de socio o ejercer derechos políticos dentro de la entidad.
De esta manera, el exjugador enfrenta un escenario judicial complejo, con medidas vigentes en el fuero de familia y una causa penal que, por el momento, continúa sin avances.
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