Repartidores de aplicaciones de delivery convocaron a un paro y movilización en la ciudad de Córdoba en reclamo por mejores condiciones laborales, ingresos y seguridad.
La medida se realizará el próximo 24 de abril desde las 20 y consistirá en un cese de actividades junto a una caravana que recorrerá zonas céntricas como Patio Olmos, Buen Pastor, plaza España y bulevar Chacabuco.
Reclamos por ingresos y condiciones laborales
Desde el sector, Emanuel Paredes, referente de la asociación de motociclistas, mensajeros y servicios, explicó que la protesta busca “mejoras laborales de los compañeros en las plataformas, que hoy en día son precarias”.
Según señaló, los trabajadores enfrentan ingresos variables, costos a cargo propio y falta de garantías laborales, en un esquema que depende de las condiciones que imponen las plataformas.
Seguridad y bloqueos en las aplicaciones de repartidores
Otro de los puntos centrales del reclamo es la seguridad durante las jornadas de trabajo. Una repartidora identificada como Tanita describió la situación: “Es un reclamo para exigir un pago coherente ante los aumentos de nafta. La seguridad además es muy complicada”.
También denunció que las aplicaciones no permiten rechazar pedidos riesgosos: “Si no lo aceptás, te paran todo el día y te quedás sin trabajar”, y advirtió sobre casos de asaltos y trabajadores heridos.
Debate por el modelo laboral
El conflicto reaviva la discusión sobre el modelo de trabajo en plataformas digitales, con cuestionamientos por la falta de regulación, bloqueos arbitrarios y exposición a riesgos.
En ese contexto, un reciente fallo judicial en la provincia de Buenos Aires reconoció a los repartidores como empleados en relación de dependencia, lo que abre un nuevo escenario para el sector.
La postura de las empresas
Desde empresas como Rappi y Pedidos Ya sostienen que los repartidores trabajan bajo un esquema de autonomía, basado en la prestación de servicios.
Sin embargo, el fallo plantea que las plataformas podrían verse obligadas a registrar a los trabajadores, pagar cargas sociales y cumplir con normas laborales, al considerar que la actividad reúne características de empleo formal.
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