Regular la inteligencia artificial: una decisión que La Rioja no puede mirar de costado

Por Silvina Santangelo Carrizo

Hay decisiones que se toman lejos y se sienten cerca. Hace pocos días, Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, anunció en Expo EFI uno de los proyectos legislativos más disruptivos de la historia jurídica argentina: una reforma a la Ley de Sociedades que habilitaría la creación de empresas gestionadas íntegramente por inteligencia artificial, sin ningún humano adentro.

Empresas que deciden, operan, contratan y generan ingresos. Solo código. Antes de que ese proyecto llegue al Congreso, vale la pena detenerse a pensar qué significa, y qué puede salir muy mal.

Para quienes vivimos en una provincia como La Rioja, con una economía chica, un Estado que es el principal empleador y una recaudación que ya viene en caída, este no es un tema de Buenos Aires. Es un tema nuestro.

Desde mi especialidad, abogada en materia penal con foco en ciberdelincuencia y tecnologías digitales, lo que propone Sturzenegger no es regular la inteligencia artificial, es darle personería societaria antes de que exista un marco de responsabilidad. Es construir el techo antes que los cimientos. Y cuando se legisla así sobre una tecnología que se desarrolla en Silicon Valley o en Shanghái pero se aplica en La Rioja, los problemas no se quedan en el texto de la ley. Escalan.

El mundo ya eligió modelos distintos, y no son compatibles

Europa acaba de reforzar su ley de inteligencia artificial. El objetivo es reducir costos para las empresas, proteger mejor a los niños y defender la soberanía digital. Es un modelo detallado, exigente, que clasifica los sistemas de IA según el riesgo que representan y les impone obligaciones proporcionales. Estados Unidos va por el camino opuesto: poca regulación, confianza en el mercado, velocidad por sobre precaución. China regula con criterio propio, donde el control político pesa tanto como la seguridad técnica.

Tres modelos distintos, que coexisten en tensión. Las empresas tecnológicas más grandes del mundo operan bajo los tres a la vez. Cuando Argentina sancione su ley, va a tener que decidir con cuál de estos marcos se alinea. Las señales del gobierno nacional apuntan con claridad hacia el modelo de menor regulación y mayor libertad de mercado – el mismo que impulsa la administración Trump en Estados Unidos – y el anuncio de Sturzenegger va exactamente en esa dirección: menos restricciones, más mercado, confianza en que la tecnología se regula sola. Ese camino tiene ventajas para atraer inversión.

Tiene también riesgos concretos para quienes vivimos en provincias que no controlan esa inversión ni se benefician de ella en igual medida.

Sin mecanismos efectivos de cooperación internacional, las disposiciones legales podrían quedar reducidas a obligaciones formales sin capacidad real de ejecución, o bien derivar en medidas más drásticas como restricciones de acceso a plataformas, con implicaciones económicas y tecnológicas para el país.

Traducido al llano: una ley que no puede hacerse cumplir no es una ley. Es una declaración de intenciones.

Una sociedad sin humanos: ¿quién responde cuando algo sale mal?

La propuesta de Sturzenegger tiene una lógica económica que vale entender: “si en diez años los agentes de IA producen gran parte del PBI mundial, que paguen impuestos en Argentina”. El modelo que cita es Irlanda, que capturó el PBI de Apple incorporando la empresa dueña del software del iPhone. La idea es audaz. El problema es que la arquitectura jurídica que necesita para sostenerse no existe. Una sociedad de IA sin humanos no tiene voluntad, no puede ser mandataria, no puede representar ni ser representada en juicio.

Si esa sociedad ejecuta una transferencia errónea, activa una cláusula de rescisión que nadie decidió activar, o es usada para estructurar una operación de lavado de activos: ¿quién responde? ¿El desarrollador del modelo en otro país? ¿El inversor que registró la sociedad en Buenos Aires? ¿El sistema mismo? Hoy, ninguna de esas preguntas tiene respuesta legal clara. Y el proyecto anunciado tampoco la da.

Y el conflicto internacional es concreto. Europa acaba de reforzar su ley de inteligencia artificial con clasificación de riesgos, obligaciones de transparencia y prohibiciones expresas.

Si Argentina habilita sociedades de IA sin esos controles, puede convertirse en una jurisdicción de refugio para sistemas rechazados en otros mercados.

Eso no es una ventaja competitiva: es un problema diplomático, reputacional y de seguridad jurídica que el país no está en condiciones de absorber.

Una ley que no puede hacerse cumplir no es una ley. Es una declaración de intenciones.

Desde el derecho penal, el desafío es todavía más concreto. Un delito cometido usando inteligencia artificial -una estafa con un video falso generado por IA, una extorsión automatizada, una manipulación de datos- casi nunca ocurre en un solo país. El sistema que lo ejecuta está en un servidor en Europa. La víctima está en La Rioja. El responsable puede estar en un tercer país. ¿Qué tribunal entiende? ¿Bajo qué ley? ¿Con qué reglas de prueba digital? Esas preguntas no tienen respuesta clara en la legislación vigente, y el proyecto anunciado por Sturzenegger tampoco las responde.

Lo que le pasa a La Rioja si esto sale mal

En marzo de 2026, la recaudación propia de La Rioja creció un 14% en términos nominales respecto al año anterior. Pero la inflación en nuestra región fue del 32,5%. El resultado real es una caída del 18,5% en lo que el fisco provincial efectivamente recauda. Ingresos Brutos – el impuesto más importante que tiene la provincia, con más de diez mil millones de pesos recaudados ese mes- creció apenas un 11%. Muy por debajo de la inflación.

Esos números dicen algo muy claro: La Rioja ya tiene una posición fiscal frágil. Y esa fragilidad se puede profundizar mucho si la regulación de la inteligencia artificial se diseña sin pensar en las provincias.

¿Por qué? Porque más del 80% de los ingresos fiscales de La Rioja vienen de la coparticipación federal. Todo lo que erosione la recaudación nacional nos golpea directo. Y la inteligencia artificial puede erosionarla de tres maneras: reemplazando empleo formal -y con él los aportes y contribuciones que van al sistema nacional-, facilitando que empresas que operan digitalmente no tributen donde corresponde, y haciendo que transacciones que hoy pagan Ingresos Brutos en nuestra provincia escapen a esa base imponible porque se hacen a través de plataformas domiciliadas en otro país.

Las provincias no quedan rezagadas por falta de voluntad sino por la brecha en infraestructura, talento y acceso a las herramientas más avanzadas. Lo mismo pasa con los fiscos provinciales: no es que no quieran fiscalizar, es que no tienen las herramientas para hacerlo.

Hay soluciones. Pero hay que pedirlas ahora

No estoy en contra de regular la inteligencia artificial. Estoy en contra de regularla mal. Y creo que hay caminos concretos que una ley bien diseñada debería incluir.

El primero es alinearse con los estándares internacionales en lugar de inventar uno propio desde cero. Si un sistema de IA ya cumple con la ley europea – la más exigente del mundo- que se presuma compatible con la argentina. Eso reduce fricciones, evita conflictos y nos ubica del lado correcto del tablero global.

El segundo es dotar a la ley de mecanismos reales de cooperación penal internacional. Los delitos de inteligencia artificial son transnacionales por naturaleza. Sin acuerdos específicos con otros países para compartir evidencia digital e investigar en conjunto, la ley penal que regule esto va a ser inaplicable en la mayoría de los casos que importen.

El tercero -y el que más me interesa como riojana- es que la ley incluya una evaluación de impacto federal obligatoria antes de entrar en vigor. La producción y la inversión en IA siguen concentradas en un grupo reducido de países y de ciudades. Lo mismo pasa dentro de Argentina: Buenos Aires y Córdoba tienen margen para adaptarse. La Rioja, no. Si la ley no mira esa asimetría, la va a profundizar.

El cuarto es que la autoridad de aplicación tenga capacidad técnica real. Un tema no resuelto en los proyectos actuales es quién va a aplicar la regulación y con qué formación. Sin peritos en sistemas de IA y en evidencia digital, la regulación queda en manos de funcionarios que no pueden leer un modelo algorítmico, y los problemas reales pasan por debajo del radar.

Las provincias del interior tenemos que estar en esa discusión ahora, no cuando la norma ya esté sancionada y el daño, consolidado.

El momento es ahora

Las leyes se diseñan antes de los problemas o después. Las que se diseñan después siempre llegan tarde y cuestan más. La inteligencia artificial ya está entre nosotros: en los celulares, en los trámites, en los juzgados, en los casos que llegan a los Tribunales. La pregunta no es si regularla, sino si vamos a hacerlo con inteligencia.

Las provincias del interior tenemos que estar en esa discusión ahora, no cuando la norma ya esté sancionada y el daño, consolidado. Eso requiere que nuestros legisladores nacionales lo pongan en agenda, que el Poder Judicial aporte su perspectiva práctica, y que la ciudadanía entienda que este no es un debate para especialistas. Es un debate sobre cómo vamos a vivir, trabajar y tributar en los próximos años.

Y ese debate también es riojano.

fuente de datos fiscales: DGIP — Informe mensual de recaudación, marzo 2026. Economía Riojana, 08/05/2026.

*Por Silvina Santangelo Carrizo – Abogada especialista en ciberdelincuencia y nuevas tecnologías aplicadas a la Investigación-