El Gobierno nacional avanza con una reforma del Código Penal que apunta a modernizar la legislación vigente y endurecer las penas en delitos considerados sensibles. La iniciativa, impulsada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques tras reunirse con el presidente Javier Milei, busca adaptar el sistema penal a nuevas modalidades delictivas y problemáticas actuales.
El proyecto contempla la incorporación de nueve nuevos delitos que hoy no cuentan con una tipificación clara. Entre ellos se destacan las estafas piramidales, los delitos migratorios, las llamadas “viudas negras”, las salideras bancarias, las entraderas y los robos cometidos por motochorros. También se incluyen figuras como el daño animal, la tenencia de armas en cárceles y la organización de picadas ilegales.
Desde el Ejecutivo sostienen que estas conductas, aunque frecuentes, presentan vacíos legales que dificultan su investigación y sanción. Por eso, la reforma busca dotar de mayor claridad a la Justicia y reforzar la protección de las víctimas, con penas acordes al daño causado en cada caso.
En paralelo, el oficialismo propone endurecer las penas en delitos ya existentes, con foco en el incumplimiento de deberes alimentarios, la actividad de los denominados “trapitos”, el grooming y el abuso sexual infantil. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, el objetivo es que las sanciones reflejen la gravedad real de estos hechos y limitar beneficios como la libertad condicional.
La estrategia oficial combina el envío de proyectos parciales al Congreso con la redacción de un nuevo Código Penal integral que reemplace al vigente desde 1921. Esta doble vía busca acelerar cambios urgentes mientras se trabaja en una reforma estructural más amplia, retomando como base el borrador impulsado anteriormente por Mariano Cúneo Libarona.
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