Los principales camios tienen el foco en: indemnizaciones, licencias, jornada laboral, convenios colectivos y sistema sindical, tras la eliminación de uno de los artículos más cuestionados.
La sesión fue convocada para las 14 horas por el presidente del cuerpo, Martín Menem, y se da en medio del paro general de la CGT. El proyecto ya cuenta con media sanción en el Senado y busca convertirse en ley, aunque el oficialismo necesita acuerdos para garantizar la aprobación definitiva.
Uno de los ejes centrales es la redefinición del esquema indemnizatorio. Se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero el cálculo se hará únicamente sobre la mejor remuneración mensual habitual, excluyendo conceptos como aguinaldo o premios. Además, se establece un nuevo criterio de actualización de créditos laborales, basado en el índice de precios al consumidor más un 3% anual.
El texto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes patronales del 1% en grandes empresas y 2,5% en mipymes. Este fondo funcionará como respaldo para el pago de indemnizaciones y estará bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores.
En el capítulo de licencias por enfermedad, el Gobierno eliminó el artículo que reducía salarios según el origen de la incapacidad, pero reforzó los controles médicos y habilitó la intervención de juntas médicas en caso de discrepancias.
Respecto a la organización del trabajo, la iniciativa mantiene la jornada legal vigente, pero incorpora la posibilidad de un banco de horas voluntario, contratos a tiempo parcial y mayor flexibilidad en la distribución horaria. También permite fraccionar las vacaciones por acuerdo entre las partes.
En materia sindical, la reforma reafirma la prioridad de los convenios por empresa o región sobre los acuerdos sectoriales nacionales, mantiene el aporte patronal del 6% a las obras sociales y la cuota sindical obligatoria, incluso para trabajadores no afiliados. Además, redefine el derecho a huelga, fijando niveles mínimos de prestación en servicios esenciales.
Finalmente, el proyecto incluye un programa de regularización laboral, con condonación de hasta el 70% de deudas por aportes impagos para empresas que blanqueen trabajadores, y un régimen de incentivo que reduce las contribuciones patronales al 8% durante un año por cada nuevo empleo registrado.
