El Gobierno presentó su proyecto integral de modernización laboral, una reforma que apunta a bajar costos empresariales, flexibilizar contrataciones y redefinir derechos sindicales. La iniciativa, que será tratada en sesiones extraordinarias, introduce cambios estructurales en contribuciones patronales, indemnizaciones, vacaciones, jornada laboral y salarios. También plantea un nuevo esquema de financiamiento para despidos a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
La propuesta modifica la base de cálculo indemnizatoria, permite pagos en cuotas para pymes y actualiza montos según IPC + 3%. En el capítulo de jornada laboral, habilita extensiones hasta 12 horas con descanso equivalente, avanza en los “bancos de horas” y fortalece el régimen de tiempo parcial. A su vez, abre la posibilidad de fraccionar vacaciones en períodos mínimos de siete días si existe acuerdo entre las partes.
El proyecto también toca uno de los núcleos más sensibles: el modelo sindical. Las empresas dejarán de estar obligadas a retener cuotas sindicales, estas deberán autorizarse individualmente y la eliminación de la ultraactividad obliga a renegociar convenios en un año. Los acuerdos por empresa pasan a prevalecer sobre los de actividad, mientras se facilita la personería para sindicatos internos. En materia de conflictos, se amplía el listado de actividades esenciales, se limita el tiempo de asambleas y los bloqueos o tomas se tipifican como infracciones graves.
En el plano impositivo, la reforma baja alícuotas de Ganancias para empresas y elimina varios impuestos internos. Además, crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), con beneficios para proyectos desde 150.000 dólares. Con estas medidas, el Gobierno busca dinamizar el mercado laboral y atraer capital, aun en medio de un debate político y gremial que promete ser intenso.
