El Gobierno presentará el 9 de diciembre el proyecto de reforma laboral que pretende discutir en las sesiones extraordinarias del Congreso y más allá de las enmiendas antipáticas para la CGT, como la aplicación de la ultractividad en los convenios colectivos y la quita de los denominados “aportes solidarios” que financian a los gremios y sus obras sociales, incluiría una definición sobre la tasa de interés que los jueces instrumentan en los juicios laborales, de manera arbitraria, que terminan siendo ruinosos para las pequeñas y medianas empresas.
En Casa Rosada sostienen que el anteproyecto ya está casi finalizado y se encuentra en la secretaría de Legal y Técnica que conduce María Ibarzabal Murphy. Intervinieron en su redacción el ministerio de Modernización y Transformación del Estado, Capital Humano a través de la secretaría de Trabajo y también el mentado Consejo de Mayo que actuó durante el año como un órgano con representación tripartita. El delegado de la central obrera en este último, Gerardo Martínez, ya rechazó cualquier cambio que “quite derechos” a los trabajadores.
Se trata de una iniciativa “amplia” que contendrá capítulos sobre ultractividad -los gremios deben renegociar sus convenios colectivos antes de una fecha límite-, relaciones de convenio por “empresa” y no por actividad, cargas fiscales, aportes a sindicatos y cámaras empresarias -los denominados “aportes solidarios”-, derechos colectivos e individuales, y se especula también algunos cambios en el régimen de trabajadores autónomos y a favor de la denominada “democracia sindical”.
Pero hay un segmento que también buscará terminar con la llamada “industria del juicio” que, según el Gobierno, ha promovido el aumento del trabajo informal y también afectado la continuidad de cientos de empresas.
Al respecto, una calificada fuente oficial remarcó que en el Ejecutivo están decididos a “legislar” sobre las condiciones efectivas de las tasas de interés con las que se actualizan las indemnizaciones en los juicios por accidentes laborales o despidos.
Es que una queja recurrente de la clase empresaria da cuenta sobre la falta de un criterio unificado en la aplicación de intereses en los procesos por parte de los tribunales inferiores en cada provincia. Así, algunos jueces aplican intereses basados en el RIPTE en diferentes versiones, otros actualizan por IPC o incluso por tasa activa, o suelen añadir porcentajes adicionales a cualquiera de esas variables. Ese desacople entre criterios de actualización cambiantes en el tiempo y contradictorios, no solo se registra entre tribunales de diferentes jurisdicciones sino también entre instancias de una misma provincia o distrito. En el caso de las ART, se reclama “incluir medidas que terminen con el flagelo de los juicios por riesgos del trabajo”.
La cuestión es que cada decisión particular la Justicia termina perjudicando, según la visión oficial, a las patronales o ART que deben enfrentar estos juicios. “La principal queja no es sobre el régimen de indemnizaciones sino sobre la tasa que aplica el juez, que difiere en cada caso”, expresó el funcionario consultado por este diario.
La denominada “modernización laboral” que impulsa el Ejecutivo tiene por objetivo dinamizar el mercado formal de trabajo, bajar la litigiosidad y reducir la cantidad de empleo “en negro” que casi iguala al universo de asalariados conveniados que, desde hace más de una década, apenas supera los 6 millones de trabajadores.
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