El Gobierno nacional intentará este miércoles dar el primer paso legislativo del año con el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, en el marco de las sesiones extraordinarias. La Casa Rosada apuesta a conseguir la media sanción como primer triunfo político de 2026, en una jornada que comenzará a las 11 y que estará atravesada por un fuerte clima de tensión.
En paralelo al debate parlamentario, sindicatos y espacios políticos opositores se movilizarán frente al Congreso. La CGT convocó a una marcha que se desarrollará en el contexto de un paro general en la mayoría de las actividades, en rechazo al proyecto del Ejecutivo, lo que anticipa un escenario de alta conflictividad tanto dentro como fuera del recinto.
Para reunir los apoyos necesarios, el oficialismo negoció modificaciones con sectores aliados. Según informó la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, se consensuaron 28 cambios al texto original y se eliminó el capítulo referido a Ganancias, un punto cuestionado por los gobernadores. Con esa modificación, el oficialismo confía en alcanzar al menos 37 votos y atribuye la oposición más firme al kirchnerismo y la izquierda.
Entre los aspectos centrales del proyecto se encuentra una nueva fórmula para calcular indemnizaciones por despido sin causa. La iniciativa establece que la base será únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, dejando afuera conceptos no mensuales, y fija que la indemnización será la única compensación económica en esos casos, con el argumento de desalentar la litigiosidad.
El texto también propone un esquema distinto para actualizar créditos laborales en sede judicial. La actualización combinará el índice de precios al consumidor con un adicional anual del 3%, con el objetivo de aportar previsibilidad y evitar distorsiones en los montos, según se desprende de la propuesta.
Otro de los puntos incorporados es la creación de un Fondo de Asistencia Laboral. Este mecanismo, financiado exclusivamente por empleadores con aportes mensuales diferenciados entre grandes empresas y MiPyMEs, estará destinado a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias, y funcionará como un patrimonio separado y específico.
Además, el proyecto incluye cambios en materia de registración laboral. Se prevé un sistema simplificado y digital, en el que la inscripción ante ARCA será suficiente y se habilita la digitalización de los libros laborales con validez legal por diez años, en línea con la intención oficial de modernizar los procedimientos administrativos.
