Un estudio realizado por la consultora Delfos refleja un marcado desacuerdo con la propuesta oficial. El 61% de los encuestados se manifestó en contra de la reforma, mientras que solo un 17% expresó su apoyo. El resto se distribuye entre indecisos o quienes no fijaron posición.
Las principales inquietudes giran en torno a posibles consecuencias ambientales y de soberanía. Un 29% teme por la afectación de las reservas de agua, un 26% advierte sobre una pérdida de soberanía y un 13% menciona riesgos de daños irreversibles. Estos datos muestran que el eje del debate se centra en la protección de los recursos naturales.
Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa busca dinamizar sectores estratégicos. El Gobierno impulsó la reforma con el objetivo de fomentar la actividad minera, en especial el litio, y otorgar mayor autonomía a las provincias. La medida fue presentada por el oficialismo como una oportunidad de desarrollo económico.
Sin embargo, el proyecto genera controversias legales y sociales. Se denuncian posibles vulneraciones al principio de no regresión ambiental y se registraron protestas en el Congreso en rechazo a la iniciativa. Las manifestaciones reflejan el clima de tensión en torno al tema.
Organizaciones ambientalistas también difundieron datos que refuerzan el rechazo. Según informes de Greenpeace Argentina, el 80% de la población no avala la propuesta, con un nivel aún mayor en la Patagonia, donde alcanza el 81%. La entidad vincula este posicionamiento con la preocupación por la soberanía hídrica.
En ese sentido, el debate trasciende lo económico y se vincula con desafíos globales. Los informes señalan que la desaprobación está asociada al temor por el impacto del cambio climático y la protección de los recursos naturales a largo plazo.
