Recientemente, la Administración Trump (AT) presentó su propuesta de presupuesto al Congreso de los EE.UU. y no incluyó en ella su cuota obligatoria de 45 millones de dólares para la Organización (49% del presupuesto regular). Aunque sí solicitó un Fondo de 5 mil millones para financiar organizaciones internacionales funcionales a su política exterior. No obstante, el Congreso tiene varias opciones de asignar fondos a la Organización.
Analistas y diplomáticos se preguntan si ello es una señal de que la AT está por retirarse de la OEA, o de que sólo dejará de contribuir a su presupuesto, y si cualquiera de los dos escenarios significa el comienzo del fin de la Organización.
Cuesta creer que la AT abandone la OEA; después de todo puede usarla como un instrumento más (lo hizo en la Guerra Fría) de su agresiva política unilateral y transaccional en el hemisferio. Ello en el marco de su desconocimiento y/o menosprecio del multilateralismo, de organizaciones internacionales, del derecho internacional y de sus aliados y socios globales.
En el hemisferio, declarado ahora su esfera exclusiva de influencia (Doctrina “Donroe”) esa política se refleja en varios hechos de maltrato, amenazas, e intervencionismo abierto: El más destacado es la extracción del presidente venezolano, Nicolás Maduro y esposa, y estableciendo un régimen de dominación/sumisión asentida por la presidente interina Delcy Rodriguez, ex chavista. Ello incluye el control del comercio de los hidrocarburos venezolanos, y hasta la colaboración militar con el ejército norteamericano para la redada y ejecución el Niño Guerrero, capo de la organización narcoterrorista “Tren de Aragua.”
A Mexico lo ha amenazado con aranceles si no controla la ola de migrantes en su frontera y con incursiones militares para extraer a narcotraficantes. A Canada, aliado histórico, lo ha amenazado con aranceles y lo ha humillado, comentando que debería ser el 51 estado de la Unión. A Colombia la ha intimado con aranceles si no controla las organizaciones narcoterroristas y ha apoyado al candidato presidencial opositor. A Panamá lo ha amenazado con retomar el control de su Canal, si no controla la presencia china. A Cuba le ha bloqueado el suministro de petróleo, ha sancionado a altos mandos militares en control del conglomerado empresarial (GAESA) y al propio Raúl Casto. Y en Nicaragua le ha impuesto sanciones a autoridades del régimen dictatorial Ortega-Murillo.
Además, la AT ha intervenido electoralmente a favor de candidatos preferidos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y ha conformado, con unos 14 gobiernos afines, una alianza , “el Escudo de las Américas, ” para cooperar en la lucha contra narco-terrorismo, el tráfico de personas y prevenir la migración masiva e irregular. El designio hegemónico además incluye erradicar la presencia e influencia en la región de sus rivales estratégicos: China, Irán y Rusia.
Por ello, es dudoso que la AT se retire de la OEA; aunque sí pudiese ignorarla y dejar de pagar sus cuotas, particularmente si una mayoría de Estados miembros objeta y resiste su conducta hacia el hemisferio, considerando en ese caso que la Organización no es funcional a su pretensión hegemónica. El financiamiento de la Organización se tratará en privado y/o en público durante su próxima Asamblea General en Panamá (22-24 de junio).
Pero sería fatal para la Organización si los demás Estados miembros dejasen de financiarla y permitiesen su ocaso. Son los países menos prósperos, los más débiles y vulnerables los que más necesitan el multilateralismo que ofrece la OEA.
Sería insólito y un despropósito fatal no hacer todo el esfuerzo posible para sostener y fortalecer a la organización internacional más antigua y relevante del hemisferio, con un acervo institucional incomparable en derecho internacional, con inicios en la Primera Conferencia Internacional Americana de 1889-90, que crea la Unión Panamericana. Hoy día es, par excellence, la principal institución y foro político/diplomático dedicado a promover la solidaridad y la cooperación entre los países del continente.
Más específicamente, desde 1984, con cambios en su Carta Constitutiva (1948), los Estados miembros establecieron que uno de sus propósitos esenciales, sino el más relevante, es la promoción y defensa de la democracia republicana y de los derechos humanos, como base indispensable para el desarrollo, la seguridad y la paz en el continente.
A partir de allí y con el agregado de la Carta Democrática de 2001, los miembros han utilizado sus principios y mecanismos de cooperación para garantizar la integridad de sus procesos electorales; para fortalecer los procesos de reconciliación y paz en Centroamérica, Colombia, Surinam y en la frontera Belize/Guatemala; así como para prevenir o revertir golpes de estado, con luces y sombras, en Bolivia, Ecuador, Haití, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú. Aunque los esfuerzos colectivos para prevenir o evitar el colapso de la democracia en Venezuela y Nicaragua, no tuvieron el fin buscado, por falta de consenso y/o cohesión política entre los miembros.
Ante los desafíos presentes a la democracia y la seguridad de varios estados miembros, éstos tienen nuevamente la oportunidad y responsabilidad de reiterar su compromiso con la continuidad y fortalecimiento de la Organización. Ello incluye hoy la obligación de pronunciarse y tomar medidas para la defensa de la democracia en Bolivia, amenazada otra vez por grupos antidemocráticos, narcotraficantes y violentos que desconocen la legitimidad del actual gobierno. Igualmente tienen el desafío y la responsabilidad de ayudar a reconstruir el estado y la sociedad haitiana.
Entonces, ante el posible desfinanciamiento y distanciamiento de EE.UU. de la OEA, la pregunta existencial es si habrá consenso entre los demás Estados miembros para salvarla y sostenerla?
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