A casi seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, los ocho rugbiers condenados cumplen sus penas en distintas cárceles bonaerenses, donde sus rutinas están atravesadas por el aislamiento, los talleres de reinserción y un seguimiento permanente del Servicio Penitenciario. Cinco de ellos —Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro Pertossi y Luciano Pertossi— recibieron prisión perpetua, mientras que Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz cumplen sentencias de 15 años por su participación secundaria en el ataque ocurrido frente al boliche Le Brique en Villa Gesell.
La mayoría permanece alojada en el penal de Melchor Romero, donde las rutinas combinan actividades de pabellón, recreación y asistencia psicológica. Máximo Thomsen mantiene un esquema estricto de seguimiento profesional y tareas dentro del penal, mientras que Ciro Pertossi participa en talleres y conserva un contacto regular con su familia a través de visitas semanales. Luciano Pertossi, en cambio, se encuentra aislado por decisión del Servicio Penitenciario tras versiones sobre un intento de suicidio, desmentidas por su entorno, lo que derivó en un monitoreo médico constante y una restricción en sus actividades grupales.
Dentro del mismo penal, Enzo Comelli y Matías Benicelli adoptaron rutinas más activas y participan frecuentemente en propuestas recreativas, deportivas y educativas. Sus jornadas transcurren entre tareas de mantenimiento, clases y actividades que forman parte de los programas de reinserción. En paralelo, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz —condenados a 15 años— comparten un régimen similar, con espacios destinados al trabajo interno, educación física y acompañamiento institucional para adaptarse a la vida en encierro.
El mayor del grupo, Lucas Pertossi, de 26 años, decidió encarar un perfil distinto dentro de la cárcel: se inscribió en la carrera de abogacía y participa en talleres de cocina y huerta, según relató su padre en una entrevista televisiva. Mientras los condenados intentan organizar su vida dentro del sistema penitenciario, la familia de la víctima continúa reclamando que las condenas queden firmes y que se garantice el cumplimiento efectivo de las penas, en un caso que aún hoy conmueve a la sociedad argentina.
