La polvareda que levantó el momento ideal para el campo, añorado durante décadas y finalmente efímero, en realidad no terminó. Todas las cuestiones polémicas que involucraron al Gobierno, a los productores y a los exportadores en una semana frenética, se definirán cuando se terminen de comercializar granos, pendientes por unos 4.000 millones de dólares, en un plazo que, como máximo, se estirará hasta enero.
Son los mentados 90 días en los cuales las mal llamadas cerealeras –porque la soja, protagonista central de esta novela, no es un cereal sino una oleaginosa- deberán comprar los granos con los cuales podrán hacer efectivas las operaciones que declararon con esta ventaja impositiva.
Hasta ahora, los primeros capítulos de esta serie registran que, en promedio, los productores captaron un 15% de mejora de precio, y que el resto del porcentual de retenciones eliminado fugazmente quedó en manos de los exportadores. En números, se destaca que mientras que el viernes 19 la soja se comercializaba a 298 dólares por tonelada, esta semana la cotización osciló entre los 340 y 350 dólares.
Es el argumento que ventiló en las últimas horas el Gobierno, con el titular de ARCA, Juan Pazo, como principal vocero en los medios, con un broche en vivo en ¿La ves? de TN junto al ministro de Economía, Luis Caputo, mientras los exportadores se manifestaron públicamente por redes sociales, ponderando el “ritmo vertiginoso de ventas de granos a las empresas agroexportadoras en un rango aproximado de 11 millones de toneladas según las distintas fuentes del mercado y de registros estatales, transformándose en un récord histórico en tan pocos días de ventas”.
En ese sentido, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), consignaron que el valor que corresponderían pagar los exportadores por los granos que no tenían y declararon debería ser 387 dólares.
En esa diferencia de unos 40 dólares por tonelada de soja está hoy centrada la discusión. Puntualizaron que la proporcionalidad de esa brecha, con precios y volúmenes inferiores, es similar en trigo (213 vs. 195=18 dólares) y en el orden de la mitad en maíz (191 vs.184=7 dólares). En el mercado disponible en Rosario, de los $ 430.000 se pasó en una semana a los actuales $455.000, con un pico de $505.000 en la mitad de la semana, mientras el régimen estaba vigente.
Representantes de las empresas agroexportadores argumentan que esa diferencia tiene que ver con los costos y contingencias de aportar 7.000 millones de dólares en el momento que la economía argentina los necesitó. Hablan de cuestiones financieras, impositivas y hasta de riesgos legales.
A la mayoría de los productores no los convence. Uno de los primeros que pegó el grito en el cielo fue Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), de pública cercanía con el presidente Javier Milei, que cuestiono la rápida finalización de la medida. Diferente fue la postura de su vicepresidente y rival interno, Marcos Pereda, que se mostró más compresivo con el Gobierno y los exportadores.
CONINAGRO advirtió que la medida transitoria “no alcanzó a derramar sobre el productor agropecuario, que es quien más riesgo asume”.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, reclamó reglas claras y duraderas, entendiendo que si bien la medida representó un alivio inicial, “están distorsionando el mercado y generando incertidumbre para el productor”.
Los agroexportadores enfatizaron que “más de U$S3500 millones llegarán en estos días, a los vendedores de granos, ya sean productores, acopios y cooperativas. Las empresas agroexportadoras están ultimando los procesos frente al BCRA y ARCA para lograr el ingreso y liquidación de las divisas comprometidas, atender los pagos de toda la mercadería comprada y posteriormente seguir trabajando en el mercado de granos para cumplir todos los contratos de exportación como habitualmente se hace”.
La novela continúa y los precios definirán la cuestión.
—
