La ola de robos violentos a jubilados de zona norte cometidos por la denominada “Banda del Millón” derivó en un pedido de la fiscalía para se prohíba el uso de celulares para los 40 integrantes de la organización criminal, de los cuales 21 están detenidos en penales bonaerenses y centros de menores.
A más de una semana del pedido realizado por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, una jueza de Garantías ordenó que se haga efectiva la medida para cuatro de los detenidos, entre ellos un adolescente menor de edad.
Ferrari presentó su pedido ante el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y los diferentes tribunales orales, juzgados de Garantías y fiscalías de menores de San Isidro.
Solo el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de Andrea Rodríguez Mentasty, respondió de manera positiva a la solicitud. En su despacho tramita la causa por el homicidio de María Susana Rodríguez Iturriaga, una jubilada de 81 años asesinada en octubre último en s casa de Acassuso.
En tanto, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 pidió un informe a la unidad penal donde se encuentra alojado otro de los detenidos para luego resolver el requerimiento del fiscal.
En su requerimiento, Ferrari pidió la “prohibición absoluta de uso, tenencia, acceso directo o indirecto a teléfonos celulares o cualquier dispositivo con capacidad de comunicación electrónica y/o conexión y acceso a internet o redes de datos”.
Para ello, solicitó la instalación de bloqueadores o inhibidores de señal, una requisa diaria en las celdas donde están alojados los integrantes de la organización y la prohibición de que terceras personas faciliten el ingreso de celulares.
“La Banda del Millón” está integrada por jóvenes, muchos menores de edad, y entre los acusados que están presos se encuentran Brandon Imanol Brites (19) y Hugo Isaías Castillo San Martín (20), dos de los cabecillas.
Según la investigación de diferentes hechos, que incluyó la muerte de dos jubilados en el plazo de un año y medio, el modus operandi incluye inteligencia previa en las casas y la dirección del robo desde la cárcel.
Una vez que ingresan a los domicilios, donde generalmente viven adultos mayores, comienzan a operar bajo las órdenes que son dictadas desde una videollamada hecha desde un penal. A las víctimas las reducen, amenazan y les roban.
Las respuestas al pedido del fiscal
El Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro consideró el requerimiento de prohibición del uso de celulares para los detenidos por estos casos como una “restricción razonable”, ya que la coordinación de los robos se hizo desde el interior de un penal y un centro de menores.
“Aquella medida -prohibición del uso del celular- tiene un propósito cautelar, en la medida que se dirigen exclusivamente a interrumpir u obstaculizar la continuidad del hecho ilícito objeto del proceso, sobre todo cuando la maniobra que se investiga supondría un hecho complejo, que se habría cometido de manera continuada desde distintas unidades carcelarias”, expresó la jueza Rodríguez Mentasty en su fallo.
Los detenidos a disposición de la magistrada, y que están acusados del crimen de la jubilada de Acassuso, son Miguel Ángel Viera (42), Ramiro Emiliano Julio (20) y Santiago Paz (23); mientras que otro de los imputados es menor de edad, por lo que la jueza le comunicó la medida adoptada al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 interviniente.
En el mismo sentido, el TOC N°4 pidió un informe a la Unidad Carcelaria N°28 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense sobre el uso de celular u otro dispositivo electrónico por parte de Alexis Fernández, miembro de la organización criminal.
Los jueces solicitaron que se precise la marca, modelo y número de IMEI y de la línea telefónica. Además, señalaron que se supervise el uso por parte de Fernández, lo que incluye el uso de redes sociales, distintas a WhatsApp.
En su pedido, el fiscal Ferrari aseguró que “ha quedado demostrado que los centros de detención juvenil presentan serias deficiencias en materia de control y seguridad, circunstancia que ha permitido reiteradas evasiones de integrantes de esta misma organización, situación que evidentemente se ve facilitada por la tenencia y el uso de teléfonos celulares”.
A modo de conclusión afirmó que “se encuentra por demás probado que desde sus lugares de alojamiento, continúan ejecutando hechos de la misma modalidad a partir de la información que obtienen y distribuyen desde sus dispositivos móviles”.
En relación con el pedido del fiscal, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, manifestó: “Hicimos todo lo que está a nuestro alcance para prevenir, detectar y detener delincuentes”.
“Lo digo sin rodeos: hay que prohibir de manera urgente el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Lo contrario se está transformando casi en una burla: detener y privar de la libertad tiene, entre otros, el objetivo de alejar el peligro de la sociedad. Con este uso de los celulares, sigue la impunidad, no se preserva a los ciudadanos y se engaña a la sociedad con una falsa idea de justicia”, aseguró.
AA
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