El juez Alejandro Sánchez Freytes dictó una resolución que incluye un embargo por 70 millones de pesos. Graciela Montesi, por su parte, fue sobreseída.
Una resolución sin precedentes sacudió a la Justicia Federal de Córdoba en las últimas horas. El juez Alejandro Sánchez Freytes dictó un duro procesamiento contra el camarista Abel Sánchez Torres, acusándolo de graves delitos en el ejercicio de sus funciones.
La investigación impulsada por el Ministerio Público determinó su procesamiento por abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por violencia de género. La principal víctima y denunciante en este resonante expediente es Celina Laje Anaya, exsecretaria de la Cámara.
Por su parte, la camarista Graciela Montesi logró despejar su panorama judicial tras ser investigada en la misma causa. La magistrada fue sobreseída definitivamente por el episodio conocido como “Humanes” y recibió falta de mérito por el caso “Padilla”.
Consecuencias económicas y el futuro institucional
Además del dictamen penal, el magistrado dispuso un embargo preventivo de 70 millones de pesos sobre los bienes del acusado. Asimismo, ordenó comunicar inmediatamente esta grave resolución al Consejo de la Magistratura de la Nación para que evalúe su situación.
Aunque Sánchez Torres mantiene su inmunidad de arresto, fuentes de tribunales citadas por La Voz indicó que el Consejo debería intervenir de manera urgente. En los pasillos judiciales evalúan si es conveniente que el camarista continúe trabajando presencialmente en el edificio.
El magistrado acusado continuará ejerciendo su cargo mientras avanza el proceso legal en su contra. Sin embargo, se descuenta que su defensa apelará los procesamientos ante la misma Cámara que él integra, aunque lógicamente deberá apartarse de la votación.
El origen del conflicto y el hostigamiento laboral por parte de Sánchez Torres
El primer cargo se remonta a diciembre de 2023 por la causa “Humanes”, vinculada a la cerealera Bunge. Sánchez Torres dispuso irregularmente que la Sala B fuera integrada por Montesi, desoyendo las advertencias normativas de la entonces secretaria Laje Anaya.
Ante la negativa de la funcionaria a avalar esa maniobra, comenzó una sucesión de conductas de maltrato y hostigamiento laboral. El juez comprobó reiteradas descalificaciones, menoscabo de autoridad y una severa sobrecarga de tareas a modo de represalia.
Este acoso sistemático derivó en un gravísimo impacto sobre la salud integral de la denunciante. Laje sufrió crisis de ansiedad, pánico y un cuadro depresivo moderado que la obligó a tomar una extensa licencia psiquiátrica de casi un año y medio.
Finalmente, la insostenible situación de violencia forzó a la funcionaria a aceptar una permuta para alejarse del camarista. Esa decisión implicó un injusto descenso en la estructura judicial y una notable reducción salarial que afectará irremediablemente su futura jubilación.
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