Una resolución judicial de gran impacto sacudió esta semana los tribunales federales de Córdoba: el juez Alejandro Sánchez Freytes procesó a 35 personas por su participación en una presunta red de evasión fiscal, lavado de dinero y administración fraudulenta.
La causa, que comenzó en 2019 tras la insólita denuncia de un joven bailarín de break dance al que le usaron la clave fiscal, destapó un entramado de facturas apócrifas que involucra a intendentes, empresarios e incluso vínculos con la temida banda narco “Los Monos”.
Entre los funcionarios públicos alcanzados por el procesamiento se encuentran el exintendente de Saldán, Cayetano Canto; el exintendente de Mendiolaza y actual asesor legislativo, Daniel Salibi; y la actual intendenta de Saldán, Hebe Cristori, quien al momento de los hechos era tesorera municipal. Todos están acusados de utilizar facturas falsas para simular gastos y así defraudar al Estado. La investigación también reveló maniobras para justificar patrimonios inexplicables, como el supuesto éxito de Canto en el casino y la lotería.
En el plano empresarial, la causa alcanzó a figuras como Cristian Debarre, quien tras ser vinculado a la operatoria vendió su firma Corphone —uno de los principales call centers de Córdoba— a Diomedes Carbone, un empresario que ya había sido investigado por lavar dinero del narcotráfico rosarino. Otro empresario procesado es Germán Destefanis, titular de Softkey SA, acusado de documentar servicios inexistentes con facturación falsa.
La investigación revela una estructura con múltiples niveles: “reclutadores” que conseguían claves fiscales de personas vulnerables, “emisores” de facturas truchas y “empresarios” que las compraban para reducir su carga tributaria. Se identificaron casi 16 mil comprobantes irregulares por montos millonarios. Pese a la gravedad de los hechos, la Justicia sobreseyó a 21 personas por acogerse a planes de pago con AFIP, lo que permitió al Estado recuperar parte de lo evadido.
