“La teoría de la justicia en la distribución basada en derechos es histórica: sostiene que la justicia de una distribución depende de cómo se originó. Si las injusticias del pasado han moldeado las tenencias actuales de las personas, entonces es necesario un principio de rectificación para corregir sus efectos.” — Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia
El bloque normativo que moldeó el desarrollo del biodiesel argentino generó una más de las tantas grietas presentes en nuestro país. En este caso producto de separar al sector en tres compartimentos estancos y de otorgar beneficios a unos en detrimento de los otros:
- empresas integradas orientadas a la exportación, que recibieron US$ 2.040 millones por diferencial de retenciones -monto que repagó seis veces la inversión en capacidad del conjunto-;
- empresas no integradas destinadas al corte obligatorio, a las que se prohibió exportar, se limitó su capacidad máxima a 50 kt/año, no se les otorgaron subsidios y se las sometió a períodos de operación en quebranto consecuencia de un precio de venta politica.
- empresas mezcladoras de biodiesel con gasoil fósil, donde cuatro firmas que concentran el 98% de la demanda obtuvieron, desde 2010 a la fecha -por incumplir el corte y reemplazar biodiesel por gas oil fósil importado- U$S 920 millones. Una de ellas, YPF S.A., concentra el 58% de la demanda y el 90% de la oferta de metanol -insumo para la producción de biodiesel-.
Así diseñada, la política quedó a merced del lobby de cada segmento en cada giro regulatorio. Las consecuencias: reducción del corte, cierre al ingreso de nuevos jugadores y cupos/precios definidos por el burocratosaurio de turno.
En cuanto a la configuración actual del sector, hoy operan 8 plantas integradas que suman 2.620 Mt/año (promedio de 327 Kt por empresa) y 25 plantas no integradas que totalizan 1.306 Mt/año (promedio de 52 Kt).
Dentro de las no integradas, tres grupos económicos controlan 12 compañías con 548 Kt/año, mientras que 13 PyMEs no integradas aportan 758 Kt/año. El tamaño relativo es de 6,3 a 1 a favor de las integradas; no es resultado del “mérito”, sino de reglas y de un diferencial de retenciones que inclinó la cancha.
En desempeño, la eficacia muestra un cumplimiento del corte del 81,5% y un volumen no mezclado de 2,88 millones de toneladas (equivalentes a dos años y medio de un B10).
La eficiencia también se resintió: la producción doméstica cayó 35% entre 2010 y 2024 (de 1,8 a 1,16 millones de toneladas), mientras que Estados Unidos creció 1.170% (de 1,15 a 14,6 millones), Indonesia 1.736% (de menos de 0,5 a 13 millones) y Brasil 296% (de 2,6 a 8,3 millones); en conjunto, el resto del mundo aumentó 75%.
Las lecciones externas son claras. En lo fáctico, el crecimiento internacional contrasta con el retroceso local y confirma el fracaso del bloque normativo argentino. En lo moral, las restricciones impuestas por Estados Unidos y Perú y los compromisos de volumen y precio en la Unión Europea evidencian que el esquema de retenciones diferenciales no es base de competencia limpia ni legítima.
Estos datos fijan el punto de partida. No son opinables. Explican la convergencia del sector en la necesidad de cambiar si se busca recuperar el liderazgo perdido. Advierten contra soluciones utilitaristas que validan prebendas y terminan consolidando posiciones dominantes, desplazando al resto.
La salida es una ley justa, abierta a la competencia que ordene, equilibre y desactive los privilegios. El proyecto de ley de la Liga Bioenergética lo hace con tres llaves:
- competencia abierta con entrada efectiva de integradas y petroleras;
- un principio rector que iguala el factor de utilización de integradas y no integradas, nivela la cancha dando lugar a una competencia sin privilegios que evita la fagocitación;
- transparencia y cumplimiento mediante licitaciones de precio único acotado por paridad de importación, contratos exigibles (take-or-pay / deliver-or-pay) y límite de 14% por empresa o grupo para impedir la concentración.
La normativa de la Liga establece un corte que se incrementa hasta 15%, mandato de mezcla en Brasil. Más mezcla es menos importaciones, mejor balanza comercial y más empleo. En este marco, entran todos los que invierten y cumplen; nadie concentra; el precio lo define la competencia; el corte se cumple y desaparece la arbitrariedad.
La discusión real no es “más Estado” versus “más mercado”: es utilitarismo vs principios, consolidación de privilegios versus libertad.
La Liga propone reglas generales, previas e impersonales, nivela la cancha y derriba concesiones. Con ese marco, que gane quien produzca mejor y al menor precio. Esa es la Argentina competitiva que necesitamos que el Congreso habilite ya.
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