La presentación del proyecto de Presupuesto 2027 generó una fuerte polémica en los pasillos del Congreso nacional. Según la información difundida por la agencia Noticias Argentinas, la iniciativa plantea derogar artículos medulares de la actual Ley de Emergencia en discapacidad.
Uno de los puntos más cuestionados del texto oficial es la eliminación del artículo 14 de la normativa vigente. Esta modificación terminaría con el nomenclador único a nivel nacional, obligando a los distintos prestadores a negociar sus aranceles de manera individual con cada obra social o prepaga.
A través del artículo 39 del nuevo proyecto, se deja sin efecto la actualización automática mensual de los valores. El diputado Juan Marino advirtió que cada entidad fijará valores diferenciados, desatando una fuerte presión a la baja y fragmentando la atención médica y terapéutica en todo el país.
Cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad: incompatibilidad laboral y pérdida de cobertura
Otro de los ejes polémicos radica en la supresión de la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el trabajo registrado. Cualquier empleo formal o alta tributaria extinguiría automáticamente el beneficio económico, una medida que según la oposición empujaría a muchas personas hacia la informalidad laboral.
El borrador del Presupuesto también suprime el instrumento legal que permitía el estudio de costos de los servicios. Esto afectaría gravemente a sectores como el de los transportistas, ya que los aranceles dejarían de actualizarse según los gastos específicos de mantenimiento que no capta la inflación general.
En paralelo, el proyecto elimina la garantía de cobertura de salud obligatoria para los titulares de pensiones no contributivas. Esta maniobra fue calificada por diversos bloques opositores como ilegal e inconstitucional, argumentando que viola el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro coincidió con las severas críticas del peronismo hacia el oficialismo. El legislador acusó al Gobierno nacional de ejecutar una política de crueldad contra un sector vulnerable, dejando a miles de familias e instituciones directamente a la deriva.
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