En una breve disertación de poco más de 15 minutos, el ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta, presentó este viernes el proyecto de Presupuesto para el año 2025. Con un gasto total de 9,3 billones de pesos, el plan económico tiene un enfoque fuerte en la obra pública, con una inversión en infraestructura que superará los 935.000 millones de pesos, en un año electoral clave para la gestión del gobernador, Martín Llaryora.
Entre los puntos más destacados, Acosta adelantó que el presupuesto prevé destinar casi el 40% de la inversión pública a obras viales, con 377.540 millones de pesos para este rubro. Asimismo, se destinarán recursos a la ampliación y modernización de hospitales y escuelas, con 296.148 millones, y a la mejora de tendidos eléctricos y gasoductos, con 148.166 millones de pesos. El plan también incluye inversiones en acueductos y cloacas por 113.544 millones de pesos.
A pesar de las cifras astronómicas, Acosta se mostró optimista sobre el desempeño fiscal de la provincia. Aseguró que Córdoba logrará un superávit, a pesar de la caída de la actividad económica del 3,5% durante 2024, la merma de los ingresos propios y la falta de recursos por parte de la Nación para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones. De hecho, el creciente déficit de la Caja fue uno de los temas recurrentes en la exposición del ministro, quien destacó la necesidad de un “fuerte control del gasto” para mantener el superávit proyectado.
El presupuesto contempla un aumento real del 9,4% en las partidas de “inversión social”, con un total de 5,8 billones de pesos asignados a sectores clave como educación, seguridad, salud y justicia. En cuanto a los gastos salariales, estos están incluidos en estos montos, que representarán el 47% de la inversión social para educación, el 21% para seguridad, el 16% para salud y el 11% para justicia.
En términos fiscales, Acosta informó que no se prevén modificaciones en la base impositiva para 2025. El Inmobiliario Urbano se ajustará según el índice de salarios del INDEC, lo que significa que, aunque los valores aumentarán, la recaudación mantendrá su poder adquisitivo y se alineará con el incremento de los salarios. En paralelo, el Gobierno mantendrá los beneficios para los contribuyentes cumplidores y eximirá de impuestos a los lotes baldíos destinados a la construcción de viviendas únicas.
El Impuesto Automotor se mantendrá con base en los precios de los vehículos, con un ajuste según el valor de la unidad, lo que asegura la progresividad del impuesto. En cuanto a Ingresos Brutos, se eximirá del tributo a las industrias con una facturación inferior a los 2.512 millones de pesos en 2024.
Un aspecto relevante de este presupuesto es la eliminación de 50 tasas retributivas por servicios, como parte de un proceso de simplificación y desburocratización del sistema tributario provincial. También se eliminará el impuesto a la Mera Compra, una medida acordada con la Mesa de Enlace, que beneficiará a los productores agropecuarios que vendan fuera de la jurisdicción.
A pesar de la postura moderada en términos impositivos, el presupuesto incluye una autorización para que la provincia y la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) tomen nuevos créditos por hasta 3.000 millones de dólares, de los cuales 315 millones corresponderán a la administración central y 2.774 millones a la ACIF. Esta medida está destinada a financiar las obras públicas y hacer frente a las necesidades de financiamiento generadas por los incumplimientos de Nación.
El ministro Acosta defendió esta emisión de deuda, argumentando que las condiciones del mercado podrían ser favorables en 2025 si el riesgo país continúa cayendo y el dólar se estabiliza. A la vez, resaltó que el stock de deuda provincial ha disminuido en comparación con años anteriores, lo que otorga un margen de maniobra para nuevas emisiones.
Aunque el presupuesto proyecta un crecimiento en los gastos de inversión, la administración de Llaryora se enfrenta a varios desafíos, entre ellos la incertidumbre sobre el financiamiento de los compromisos con la Caja de Jubilaciones y los efectos de la falta de apoyo nacional. La relación con el gobierno central, que no ha cumplido con sus compromisos de asistencia financiera a la provincia, será un factor clave para el éxito del plan económico.
Además, la falta de detalles finos en los documentos entregados a los legisladores, quienes se mostraron inquietos por la falta de información precisa, plantea un desafío adicional para el proceso legislativo, que comenzará la próxima semana con la primera lectura del presupuesto y las leyes relacionadas. El paquete de leyes, que incluye la Ley Impositiva y el Código Tributario, comenzará su debate en la Legislatura provincial, donde se prevé que se realicen modificaciones antes de la sanción definitiva.
— Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) November 14, 2024
